El agravar las penas de cárcel por robo de celulares en la entidad mexiquense no acabará con este delito, puesto que mientras el Tribunal Superior de Justicia estatal busca la manera de incentivar la libertad condicionada y supervisar su funcionamiento y aplicabilidad, con la propuesta de Morena se abusará de la pena de prisión.
Lo anterior fue expuesto por la Maestra en Prevención del Delito y Sistemas Penitenciarios, Cristina Eugenia Pablo Dorantes, profesora de la Facultad de Derecho de la Máxima Casa de Estudios mexiquense, quien destacó que las y los legisladores deberían hacer propuestas encaminadas a la prevención y no al abuso de la pena de prisión.
En días pasados el Grupo Parlamentario de Morena propuso agravar las penas de prisión además de prever un nuevo tipo penal que sancione el ‘hackeo’ de estos equipos, con el objetivo de mitigar este ilícito.
Por su parte, Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, propuso la iniciativa para expedir la Ley de Supervisión y Asistencia de la Libertad en Ejecución Penal del Estado de México, que busca una mejor operatividad de la supervisión de la libertad condicionada y demás beneficios en ejecución penal.
Por lo anterior, la académica consideró que antes de abusar de la pena de prisión se debe apostar por la prevención.
“No se debe de abusar de la pena de prisión y resulta paradójico con la otra propuesta de una Ley para supervisar la libertad condicionada. Por un lado tenemos a los legisladores que en lugar de preocuparse en materia de prevención del delito, que para eso sirve la seguridad ciudadana, aplican un derecho penal del enemigo, es decir, todo lo que les cause un severo daño, lo quieren tipificar y agravar las penas.
Pero la gran problemática a partir de que se dictó la prisión preventiva oficiosa, es que las cárceles se llenaron de gente cuando hay personas sin que se les juzgue ni se les haga un debido proceso y actualmente están saturadísimas, esto no sólo generó un hacinamiento, sino que la gente sale con mayor resentimiento hacia las autoridades, a la justicia y a la sociedad”, explicó la académica.
Prevención
Al hablar de prevención del delito, no sólo se trata de decirle a los ciudadanos que no porten objetos de valor a la vista, sino que se requiere una estrategia integral que permita realmente prevenir la comisión de ilícitos a través de la predicción del delito, señaló Cristina Eugenia Pablo Dorantes.
Esta predicción se realiza a través de mapas criminológicos, en los que se identifican los lugares y horarios en los que se cometen los ilícitos como el robo con y sin violencia.
“La prevención a través de la visión de seguridad ciudadana es en todos los aspectos, multidisciplinaria, interinstitucional, es decir, todas las instituciones deben de estar presentes en la materia de la prevención, no solamente se debe contar con operativos de presencia en el transporte o diciéndole a la ciudadanía que no porten objetos de valor a la vista porque los van a robar, eso no es una medida de prevención, ahí simplemente le están avisando”, comentó la profesora de la UAEMéx.
A lo anterior, la atención y la eficiencia de la procuración de justicia son clave para atacar la impunidad.
Propuesta del TSJEM sí es acertada
La propuesta del magistrado Ricardo Sodi, la académica reconoció que es una propuesta acertada, puesto que es indiscutible el hacinamiento que persiste en el sistema penitenciario mexiquense, consideró la académica.
Expuso que según el diagnóstico realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la entidad hay cinco penales en condiciones graves de sobrepoblación, entre ellos el de Ixtlahuaca, el de Jilotepec, el de Lerma y el de Zumpango.
“Esta situación es grave porque no estamos hablando de los penales de siempre como Almoloya, el de Tlalnepantla o el de Texcoco, no son los penales grandes, los que siempre tienen problemas, estamos hablando de penales chicos como Lerma, como Ixtlahuaca, Jilotepec y Zumpango, mientras que los otros penales están en color amarillo, es decir, tienen una evaluación de 6 a 7, ninguno lo tenemos arriba del 8”, aseguró la académica.
Para concluir, Cristina Pablo Dorantes mencionó que la libertad condicionada es un acierto, pero es viable la supervisión de la libertad condicionada con el objetivo de contar con un mejor funcionamiento.
