El pleno del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) declaró la existencia de violencia política en razón de género por parte de Melissa Estefanía Vargas Camacho, diputada federal del PRI, en perjuicio de la candidata a la gubernatura de Morena, Delfina Gómez Álvarez, y ordenó dar vista a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados Federal.
No obstante, consideró que Teresa Castell, legisladora federal del PAN, no incurrió en violencia política de género.
El magistrado Victor Pasquel pidió aplicar medidas de reparación, de no repetición y el registro de la diputada Vargas a la lista de personas violentadoras.
Morena presentó una queja contra las dos legisladoras federales por la presunta comisión de violencia política de género en perjuicio de su candidata, Delfina Gómez Álvarez, por diversas expresiones que hicieron.
La propuesta del magistrado Raúl Flores fue declarar la inexistencia, al considerar que fueron para cuestionar y criticar la negativa de la candidata a dialogar, e incluso a debatir sobre temas como el de la seguridad; así como a señalar su postura de rechazo al debate.
También hubo señalamientos de que atendía instrucciones de hombres.
Aún cuando la crítica pudo parecer chocante, el magistrado Flores consideró que estaba orientada a su condición de candidata, y no por ser mujer; por lo cual consideró que no le afectaba de manera desproporcionada, pues esas expresiones también podrían referirse a hombres y propuso declarar la inexistencia de la falta.
El magistrado Victor Pasquel Fuentes se apartó de la propuesta, pues inicialmente propuso que se considerara la violencia política, pero su proyecto fue rechazado y posteriormente la Sala Superior revocó la sentencia; por lo cual mantuvo su postura de que existió violencia.
Además, consideró que debe haber medidas de reparación, de no repetición y la inscripción en el registro de personas violentadoras.
Refirió qué de acuerdo con la reforma 3de3 las personas que cometan violencia estarán impedidas para ocupar cargos públicos y aunque los hechos fueron anteriores, se da solidez al criterio de la Sala Superior.
La magistrada Martha Patricia Tovar Pescador también consideró la existencia de violencia, pero no estuvo de acuerdo en el tema de la reforma 3de3, pues señaló que ese ajuste fue posterior a los hechos y la sanción la debe fijar la Junta de Coordinación Política.
La magistrada presidenta Victoria Tavira también se apartó del proyecto, con lo cual tres de las cuatro magistraturas rechazaron la propuesta.
Al final, el TEEM determinó que Castell no incurrió en violencia política, pero sí la diputada del PRI Melisa Vargas Camacho.
En otro asunto, donde Morena denunció al alcalde de Lerma, al PRI y a su entonces precandidata, Alejandra del Moral, por la presunta vulneración del artículo 134 por un evento del dos de febrero al que acudió el edil, y del cual ella se benefició indebidamente.
La magistrada presidenta propuso que se acreditara la falta y planteó amonestar a los involucrados.
Las pruebas fueron fotografías publicadas en redes sociales de donde se desprende el apoyo del alcalde, sin que la entonces precandidata se deslindara, por lo cual hubo un beneficio para ella.
Al final se amonestó públicamente a Alejandra del Moral y al PRI.
En otro asunto, el tribunal amonestó públicamente al órgano de justicia del PRD y lo apercibió de actuar conforme a la resolución.
