Toluca, México.- El caso de Fátima Varinia Quintana Gutiérrez, menor de 12 años de edad asesinada el 5 de febrero de febrero de 2015, en el municipio de Lerma, ha sido retomado para una petición de firmas electrónicas ciudadanas en Change.org y que va dirigido a diversas instituciones, entre ellas la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
La petición fue subida el pasado jueves 24 de agosto a la plataforma digital junto con una fotografía de la menor y el #NoEncuentraJusticia, que está promovida por la familia y la activista mexicana Frida Guerrera, actual colaboradora del periódico digital A Fondo Estado de México.
Junto con la fotografía de Fátima, en la petición por justicia para Fátima aparece una carta dirigida a los firmantes y que en los tres días ya suma 758 participantes.
En la petición se solicita la intervención de Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Amnistía Internacional México y al Comité Español de ACNUR-UNHCR.
Este recurso, ha sido obligado tras la liberación de uno de los tres supuestos homicidas de la niña, identificado como José Juan, alías "El Pelón", el pasado 8 de junio del presente año por una juez estatal.
Luego del dictamen de la jueza para otorgar la libertad al sospechoso, la familia Quintana Gutiérrez tuvo que quedar bajo la protección de la Fiscalía estatal y salir de su domicilio en la comunidad de la Lupita Casas Viejas, municipio de Lerma, tras recibir amenazas de muerte y su domicilio ser baleado, según los testimonios revelados por Lorena, madre de la menor en entrevista durante una manifestación realizada frente al edificio del Poder Judicial de Toluca.
Actualmente la familia vive protegida en una casa de seguridad, desde donde continúan con la lucha de buscar justicia por su hija.
Después de casi tres años del homicidio de Fátima, el proceso continúa y sólo dos de los supuestos responsables están presos, identificados como los hermanos Atayde.
El caso de Fátima, ha estado envuelto en una serie de irregularidades y contradicciones derivado a que más de 40 testimonios de vecinos fueron desechados, así como los certificados médicos de los tres sospechosos tras el intento de linchamiento el día del asesinato.
También se enlista que la Fiscalía estatal nunca aplicó los exámenes de genética al cadáver ni a los implicados para obtener pruebas biológicas de los autores de la violación y por ende del homicidio de la niña.
