Las mujeres que participan en marchas feministas o con presencia mayoritaria de mujeres, tienen una alta probabilidad de ser víctimas de violencia por parte de las instituciones y las corporaciones de seguridad pública, sin embargo, las que visten en color negro o cubren su rostro incluso con cubrebocas como medida preventiva por la Covid-19, tienen mayor posibilidad de ser vulneradas.
Lo anterior fue evidenciado en el informe “México, la era de las mujeres: estigma y violencia contra mujeres que protestan” realizado por la organización Amnistía Internacional, el cual tomó de referencia diez protestas ocurridas en 2020 en México, entre ellas la registrada en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) en el municipio de Ecatepec.
El informe refiere que las autoridades responden a las protestas de mujeres y contra la violencia de género contra las mujeres, con excesivo e innecesario uso de la fuerza, acompañada de detenciones ilegales y arbitrarias, la criminalización de las víctimas, abuso verbal y físico basado en el género contra las mujeres y con violencia sexual.
Así, las manifestaciones de mujeres han comenzado a ser estigmatizadas, pese a ser mayoritariamente pacíficas, situación que favorece la violencia en contra de las participantes por parte de autoridades y particulares, señala el informe.
“Varias de las manifestantes que sufrieron vulneraciones de derechos humanos documentadas en este informe, tenían entre 12 y 17 años, por lo que las autoridades lejos de garantizar el interés superior de la niñez, infringen sus derechos humanos”, se lee en el documento publicado este año.
Estado de México
Amnistía Internacional consideró en su informe los hechos ocurridos el 10 de septiembre de 2020, cuando se dio un enfrentamiento entre manifestantes y autoridades en las oficinas de la Visitaduría regional de la CODHEM en el municipio de Ecatepec, Estado de México.
Lo anterior fue motivado por la toma de las instalaciones por parte de mujeres, quienes exigían resultados sobre la queja interpuestas por las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarias encargadas de la protección de la niñez en distintas instituciones.
Ese mismo día, seis feministas acudieron al sitio para apoyar a las activistas por los derechos de la niñez, algunas de ellas iban encapuchadas, por la noche (entre las 19:30 y 20:00 horas) todo el personal de la institución se retiró del lugar y pasada la media noche, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizó el desalojo de las mujeres, resultando en agresiones directas, lesiones y detenciones arbitrarias de las manifestantes.
“Alrededor de la medianoche, las ocupantes de la CODHEM comenzaron a ver que afuera del edificio se estacionaron automóviles blancos y camionetas tipo pickup sin logos. Personas vestidas con pantalones de mezclilla y chamarras oscuras que decían Fiscalía General en la espalda, comenzaron a golpear con un objeto contundente la puerta de la institución con el objetivo de abrirla, a pesar de que ésta se abre hacia afuera. Las manifestantes dijeron a las personas que estaban intentando ingresar a la institución, que había niños al interior y formaron una especie de barricada en la segunda puerta que queda después de subir la escalera que comunica con la puerta principal.
“Las manifestantes decidieron formar la barricada porque, en palabras de la feminista Magda Soberanes (activista), "estábamos en el Estado de México y sabemos que pues las autoridades reprimen y no les importa a quiénes se lleven ni cómo se los lleven’”, indica el informe de Amnistía Internacional.
Durante la madrugada del 11 de septiembre las mujeres y algunos niños y niñas que estaban con ellas, fueron trasladados al Ministerio Público en Atizapán de Zaragoza.
Si bien las mujeres, niñas y niños fueron liberados, la FGJEM inició dos carpetas de investigación en su contra, una de las cuales ya fue cerrada, mientras que la obra sigue vigente.
“La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó a Amnistía Internacional que la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, dio inicio a dos carpetas de investigación por el delito de lesiones y otra por los hechos ocurridos el 10 de septiembre. A estas investigaciones se acumuló otra por abuso de autoridad.
“Adicionalmente, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informó que había iniciado dos carpetas contra hombres y mujeres policías. La carpeta de investigación ante la Fiscalía Especializada en Combate contra la Corrupción fue iniciada a raíz de la denuncia presentada por las activistas feministas presentes en la toma de CODHEM. La representación legal de este grupo de mujeres ha anunciado también que presentará una solicitud para que el delito sea reclasificado como tortura, y la investigación del caso pase al nivel federal”.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) calificó el desalojo como violento o con uso excesivo de la fuerza. Indicó que la Fiscalía General de Justicia había omitido implementar un mecanismo de diálogo.
En el informe presentado por Amnistía Internacional, también se consideran casos de violencia en contra de mujeres activistas y feministas ocurridos en Ciudad de México, Guanajuato, Sinaloa, en donde las víctimas incluso fueron agredidas sexualmente y revictimizadas por funcionarios y funcionarias.
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