/ jueves 3 de agosto de 2023

No hay estrategia para frenar extorsiones al transporte del valle de México

Cristina Eugenia Pablo Dorantes, investigadora de la UAEMex, la falta de gobernabilidad, corrupción e impunidad son factores que contribuyeron para favorecer la operación del crimen organizado

Las extorsiones cometidas presuntamente por miembros del crimen organizado en contra del sector transportista en el valle de México es un tema que no se ha atendido, pues el Estado de México no cuenta con una estrategia clara para ello, consideró Cristina Eugenia Pablo Dorantes, investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex).

“(La extorsión en contra del gremio transportista) no se ha atendido y no cuenta con una estrategia por parte de la Secretaría de Seguridad Pública estatal ni de la Dirección de Seguridad Pública de los municipios en los que acontecen estos hechos, también hay ausentismo por parte de la Secretaría de Movilidad estatal y evidentemente esto genera que no haya gobernanza”, afirmó la entrevistada.

Agregó que la falta de gobernabilidad, corrupción e impunidad son factores que contribuyeron para favorecer las extorsiones en contra de ese sector, por lo que ante el problema ya desbordado, es necesario revisar los convenios en materia de seguridad vigentes en la entidad, con el propósito de crear una estrategia acorde a la crisis que persiste en esa región de la entidad, y con apoyo de trabajo de inteligencia, atacar el problema de raíz. Con este trabajo de inteligencia se podría no sólo prevenir sino predecir el delito.

La especialista en seguridad recordó que a través de los C5 se tienen ubicadas georeferencialmente las zonas con mayor índice delincuencial incluso por tipo de delito, no obstante, falta un seguimiento del análisis delictivo para realmente enfrentar el problema, comentó.

“Hay impunidad, y no estoy hablando de un derecho penal punitivo que es lo que se ha exagerado, pueden subir las penas en contra de los extorsionadores, las penas vitalicias, pero si hay impunidad nunca los detienen (a los responsables) y si los agarran no baja la incidencia, más bien lo que se debe trabajar es la prevención con una visión de la seguridad ciudadana, para que estén involucrados todas las instancias involucradas”, expresó la investigadora.


Nuevo gobierno, obligado a recuperar la confianza ciudadana


En el marco de la transición de gobierno estatal, la nueva administración debe atender el tema de forma inmediata, no obstante, se debe considerar que no se podrán conseguir resultados a corto plazo, además de que tiene mucho trabajo por hacer para recuperar la confianza ciudadana.

Cristina Eugenia Pablo Dorantes sostuvo que una vez que se logre recuperar esta confianza ciudadana, se podrá contar con denuncias oportunas que permitan crear estrategias de combate del crimen.

“Nos enteramos de estas extorsiones porque ya comenzaron con la quema de vehículos, pero no se sabe cuánto tiempo tienen realizando estas extorsiones, sino hasta que los transportistas dejaron de cumplir con la cuota que les pidieron o que de plano se negaron a pagar, pero ¿realmente hay denuncias de las personas extorsionadas?.

“Mientras siga habiendo cifra negra por falta de credibilidad en la autoridad, en la Fiscalía, en las policías, estos hechos van a continuar, en las estadísticas confirmamos que hay desconfianza en la autoridad, así que primeramente se debe tener una selección y capacitación de personal, que cuenten con los perfiles más altos, pero para eso se requiere un buen sueldo y esto tal vez no ocurra, pero por lo menos se contará con personal que cumplan los códigos de ética establecidos para su función”, afirmó.

El miércoles 2 de agosto transportistas del valle de México amenazaron con paralizar el servicio público en todas las rutas el próximo lunes 7 de agosto, ante las constantes extorsiones de las que han sido víctimas y que han derivado la quema de unidades.

Acusaron que sus amenazas las harán efectivas si la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no detiene a una banda de colombianos que opera en el municipio de Coacalco, a la cual le atribuyen las extorsiones y hechos violentos en contra de su gremio.

Además, anunciaron la creación de autodefensas, con las cuales buscan defenderse del crimen organizado.

Las extorsiones cometidas presuntamente por miembros del crimen organizado en contra del sector transportista en el valle de México es un tema que no se ha atendido, pues el Estado de México no cuenta con una estrategia clara para ello, consideró Cristina Eugenia Pablo Dorantes, investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex).

“(La extorsión en contra del gremio transportista) no se ha atendido y no cuenta con una estrategia por parte de la Secretaría de Seguridad Pública estatal ni de la Dirección de Seguridad Pública de los municipios en los que acontecen estos hechos, también hay ausentismo por parte de la Secretaría de Movilidad estatal y evidentemente esto genera que no haya gobernanza”, afirmó la entrevistada.

Agregó que la falta de gobernabilidad, corrupción e impunidad son factores que contribuyeron para favorecer las extorsiones en contra de ese sector, por lo que ante el problema ya desbordado, es necesario revisar los convenios en materia de seguridad vigentes en la entidad, con el propósito de crear una estrategia acorde a la crisis que persiste en esa región de la entidad, y con apoyo de trabajo de inteligencia, atacar el problema de raíz. Con este trabajo de inteligencia se podría no sólo prevenir sino predecir el delito.

La especialista en seguridad recordó que a través de los C5 se tienen ubicadas georeferencialmente las zonas con mayor índice delincuencial incluso por tipo de delito, no obstante, falta un seguimiento del análisis delictivo para realmente enfrentar el problema, comentó.

“Hay impunidad, y no estoy hablando de un derecho penal punitivo que es lo que se ha exagerado, pueden subir las penas en contra de los extorsionadores, las penas vitalicias, pero si hay impunidad nunca los detienen (a los responsables) y si los agarran no baja la incidencia, más bien lo que se debe trabajar es la prevención con una visión de la seguridad ciudadana, para que estén involucrados todas las instancias involucradas”, expresó la investigadora.


Nuevo gobierno, obligado a recuperar la confianza ciudadana


En el marco de la transición de gobierno estatal, la nueva administración debe atender el tema de forma inmediata, no obstante, se debe considerar que no se podrán conseguir resultados a corto plazo, además de que tiene mucho trabajo por hacer para recuperar la confianza ciudadana.

Cristina Eugenia Pablo Dorantes sostuvo que una vez que se logre recuperar esta confianza ciudadana, se podrá contar con denuncias oportunas que permitan crear estrategias de combate del crimen.

“Nos enteramos de estas extorsiones porque ya comenzaron con la quema de vehículos, pero no se sabe cuánto tiempo tienen realizando estas extorsiones, sino hasta que los transportistas dejaron de cumplir con la cuota que les pidieron o que de plano se negaron a pagar, pero ¿realmente hay denuncias de las personas extorsionadas?.

“Mientras siga habiendo cifra negra por falta de credibilidad en la autoridad, en la Fiscalía, en las policías, estos hechos van a continuar, en las estadísticas confirmamos que hay desconfianza en la autoridad, así que primeramente se debe tener una selección y capacitación de personal, que cuenten con los perfiles más altos, pero para eso se requiere un buen sueldo y esto tal vez no ocurra, pero por lo menos se contará con personal que cumplan los códigos de ética establecidos para su función”, afirmó.

El miércoles 2 de agosto transportistas del valle de México amenazaron con paralizar el servicio público en todas las rutas el próximo lunes 7 de agosto, ante las constantes extorsiones de las que han sido víctimas y que han derivado la quema de unidades.

Acusaron que sus amenazas las harán efectivas si la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no detiene a una banda de colombianos que opera en el municipio de Coacalco, a la cual le atribuyen las extorsiones y hechos violentos en contra de su gremio.

Además, anunciaron la creación de autodefensas, con las cuales buscan defenderse del crimen organizado.

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