El grupo parlamentario de Morena propuso reformas al Código Financiero del Estado de México y Municipios para establecer como delito fiscal la retención y/o omisión en el entero de cuotas o aportaciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), por parte de los sujetos obligados.
El diputado Gerardo Ulloa Pérez señaló que desde hace tiempo los servicios de ese organismo han disminuido en su calidad y otorgamiento, debido al desequilibrio financiero que enfrentan los sistemas de salud y el ISSEMyM y en parte se han generado por el no pago de cuotas y aportaciones.
De acuerdo con el informe de la Cuenta Pública anual 2020, refirió, al 31 de diciembre de ese año, se obtuvieron ingresos totales por 25 mil 313.2 millones de pesos y los egresos sumaron 26 mil 579.6 millones de pesos, por lo cual hubo un déficit por mil 266.4 millones de pesos.
Por ello, señaló, el Instituto ha buscado alternativas para capitalizarse, entre ellas: desincorporar y subastar 22 inmuebles de su propiedad para recibir al menos 328 millones de pesos que se destinarían al rubro de salud y de pensiones.
Sin embargo, al comparar el déficit referido en el informe anual 2020 por mil 266.4 millones de pesos y lo que se pretende recibir por la desincorporación y subasta de inmuebles de 328 millones de pesos, la solución propuesta no ayudaría a sanear las finanzas del Instituto, pues solo representaría el 25.9% del total del déficit, con lo que se podría señalar que la medida no solucionaría, ni aliviaría la carga, ni el desequilibrio en sus finanzas.
Un hecho que ha contribuido al desequilibrio, precisó, es la omisión en el entero de cuotas y pago de aportaciones de seguridad social por parte de los entes públicos
obligados; pues ese incumplimiento ha generado la existencia de adeudos de por lo menos 24
municipios, de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y de los Cuerpos Auxiliares del Estado de México (Cusaem). Además, añadió, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) ha hecho observaciones por los recursos que no se han cobrado.
"De lo anterior se advierte que una de las principales fuentes de financiamiento del Instituto son las cuotas y aportaciones de seguridad social; las cuales son los pagos o contribuciones establecidas en la ley a favor de entes públicos determinados y que tienen como objetivo financiar su funcionamiento.
"Siendo el caso que parte de este financiamiento es aportado por los trabajadores, a través de la retención que se realiza sobre su sueldo, incluso antes de que éstos reciban la retribución por el trabajo realizado", precisó.
A nivel federal, señaló, en los artículos 307, 308 y 309, de la Ley del Seguro Social está tipificado el delito de defraudación a los regímenes del seguro social y lo cometen patrones o sus representantes, además de sujetos obligados que, con uso de engaños o aprovechamiento de errores omitan total o parcialmente el pago de las cuotas obrero patronales u obtengan un beneficio indebido con perjuicio al Instituto o a los trabajadores.
La propuesta es castigarlo como delito fiscal
El diputado de Morena admitió que es frecuente que los entes públicos obligados omitan cubrir aportaciones y enterar cuotas de seguridad social, en perjuicio de las finanzas del ISSEMyM y de los derechos y prestaciones de seguridad social de las y los servidores públicos acreditados y sus familias.
"Esta omisión no es reciente, desde la década de los noventa, ya daba señales de tener un grave problema financiero, derivado de las retenciones que aún y cuando ya se había realizado a los servidores públicos, no se reflejaban en las finanzas del ISSEMyM, lo que en consecuencia ha generado un desfalco, según cifras del propio Instituto, superiores a mil millones de pesos.
"Eso ha atentado contra los servidores públicos y usuarios al no contar con los recursos financieros necesarios para solventar los requerimientos materiales y humanos, tanto de la institución, como de los beneficiarios de las prestaciones, los que se ven limitados en el servicio al que, como servidores públicos que cumplen con su obligación, tienen derecho", afirmó.
Los tribunales federales, agregó, han sostenido que el cumplimiento de obligaciones derivadas del derecho humano a la seguridad social, no son negociables, y es obligación del Estado velar por su observancia.
Ante eso, señaló, planteó tipificar la conducta en el Código Financiero, como un delito especial; esto es, agravar la conducta y sus consecuencias con una protección que por su naturaleza sea efectiva y ejecutable, al reconocer al régimen de seguridad social como un bien jurídico esencial y como un derecho humano.
