El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) ordenó a la Secretaría de Finanzas entregar la cantidad de resoluciones o casos dictados por responsabilidad administrativa de alguna persona servidora pública de esa dependencia durante 2022.
José Martínez Vilchis, comisionado presidente refirió que un particular requirió a esa secretaría la cantidad de casos en que sus servidores públicos tenían alguna responsabilidad administrativa; pero esa área negó la entrega e indicó que se debía presentar una nueva solicitud ante la Secretaría de la Contraloría, como responsable de responder a la petición, pues agrupa a todos los órganos internos de control (OIC)
Esos órganos, advirtió, promueven y evalúan el buen funcionamiento de las dependencias y son competentes para aplicar las leyes; por lo cual advirtió que no se debía aceptar la respuesta de Finanzas y sí ordenarle la entrega de la información.
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La comisionada Sharon Morales Martínez dijo que el particular quiere conocer el número de responsabilidades administrativas impuestas, pero Finanzas se declaró incompetente; sin embargo el OIC de la Secretaría de Finanzas tiene, entre sus funciones, investigar las responsabilidades y sí genera información.
Además, la ley de Transparencia señala que todos los sujetos obligados deben publicar en sus portales de transparencia, las sanciones administrativas de las cuales hayan sido objeto sus servidores públicos, por lo cual es importante permitir que la ciudadanía tenga acceso a la información que los sujetos obligados generen, administren o posean.
La comisionada Guadalupe Ramírez Peña consideró que la normatividad aplicable es clara, pues el OIC se encuentra adscrito a la Secretaría y ésta le asigna presupuesto para el cumplimiento de sus funciones; por lo cual ambos sujetos obligados son responsables de transparentar la información generada en el ejercicio de los OIC y se acreditó la competencia de éste para investigar y calificar las faltas administrativa, así como la sustanciación y resolución de los procedimientos.
La Comisionada María del Rosario Mejía Ayala sostuvo que la resolución refuerza la labor del Infoem, pues si bien, algunos sujetos obligados no estaban de acuerdo en que los OIC entregaran información, ya que dependen de las decisiones de la Secretaría de la Contraloría; no hay forma de que no puedan hacer la entrega porque sí tienen la información.
Añadió que sostuvieron diversas reuniones con la Secretaría de la Contraloría, donde la decisión firme fue que no era necesario triangular para que la persona solicitante tuviera la información clara y prontamente.
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El Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega advirtió que la Secretaría de Finanzas pretendió dilatar el derecho de acceso a la información por aspectos técnicos, aún cuando los particulares no se encuentran obligados a ser expertos en la materia administrativa, burocrática jurídica, ni de ningún tipo y queda claro que ese derecho humano sólo puede ser restringido cuando se cause daño al interés público o se afecten derechos de terceros.
La respuesta, dijo, garantiza el derecho humano a la información y la rendición de cuentas para que las personas puedan de manera sencilla valorar el desempeño de los sujetos obligados.
La revocación de la respuesta fue aprobada por unanimidad de votos y se ordenó al sujeto obligado entregar, a través del SAIMEx, el número responsabilidades administrativas dictadas a servidores públicos de la Secretaría de Finanzas al particular, en el plazo de 10 días hábiles, pues de no ser así se podría imponer una medida de apremio.
Además, por incumplimiento parcial o total de resoluciones a recursos de revisión, el pleno acordó la imposición de 115 medidas de apremio, de las cuales 89 fueron apercibimientos y 26 amonestaciones públicas.
