Toluca, México.- El director jurídico en Toluca, Alfredo Hurtado Cisneros, pidió al Poder Judicial revisar el actuar de la juez que lleva el juicio mercantil que una empresa constructora interpuso en contra del ayuntamiento, por el cual le demanda el pago de 22 millones de pesos por la realización de una supuesta obra que nunca se contrató.
En entrevista, explicó que no parece muy clara la sentencia, y considera se ha incumplido con el proceso de exhaustividad.
Recordó que el ayuntamiento contrató en administraciones pasadas una obra para realizar una unidad deportiva en la zona norte por un monto de 5 millones de pesos, la cual ya se pagó, sin embargo, una empresa demanda el pago de acciones complementarias, de lo cual no existe documento alguno que acredite que se pactaron, mismas por las que se reclama ya con actualización un monto de 22 millones de pesos, precisó.
En este sentido, dijo que entre las cuestiones que considera se han omitido en este asunto, es que una persona que dice tener la representación jurídica de la empresa que demanda se presenta a juicio sin acreditarlo plenamente y, posteriormente, al pretender ejecutar la sentencia dictada por una juez mercantil, se ostenta con la representación de otra empresa.
Por ello es importante se revise el procedimiento mediante el cual se llevó a cabo ese reconocimiento, “pues puede ser que la juez cumpla con la formalidad, pero para fines administrativos, fiscales y mercantiles, puede ser que no cumpla con la formalidad”.
Se pretende ejecutar una sentencia que desde el punto de vista del juez cumple con todos los requisitos para dictaminar, sin embargo debe tener todos los elementos tanto jurídicos como históricos y procedimentales, añadió.
Hay acciones que la parte demandada, que es el ayuntamiento, puede hacer valer, pues faltan requisitos de forma y fondo. Por ello es que se interpuso un juicio de amparo, y será un juez federal quien determine si las acciones del juez de primera instancia cumplen o no con todos los requisitos.
Asimismo aseguró ya se hizo del conocimiento a la Contraloría del Poder Legislativo del asunto, quien deberá investigar si alguien de alguna de las dos administraciones pasadas dejó de cumplir con una parte de la Ley.
Al ser cuestionado sobre la declaración del alcalde de Toluca, Fernando Zamora de que el asunto ya se había hecho del conocimiento del OSFEM, lo cual fue negado por su titular Fernando Baz Ferreira, dijo que una vez que la Contraloría del Poder Legislativo tiene conocimiento, cuenta con facultades no sólo de investigar, sino de requerirle al OSFEM, por ser un ejercicio anterior, las observaciones que pueden derivar o un seguimiento a este asunto en particular.
Respecto a la obra inexistente de la que también habló el alcalde, misma por la que se le requiere el pago, que ya con actualización asciende a 22 millones de pesos, reiteró que hay una obra que existe y por la que se pagó 5 millones de pesos, una unidad deportiva en la zona norte, pero hay conceptos que se reclaman, como obras complementarias que no se contrataron.
No hay ningún soporte, sólo una serie de documentos que incluso obran en copias simples, por ello se considera importante revisar el actuar del juzgador.
En este sentido, sostuvo que el subdirector y supervisor de obra del área de Obras Públicas de la pasada administración fue quien firmó un documento donde supuestamente recibe un contra-recibo con relación a una estimación, misma que no se sabe de dónde deriva, pues no hay ningún contrato ni obra pactada.
En este sentido, mencionó que el presidente municipal ha instruido revisar a detalle este asunto, para tener la certeza de que no existe ninguna obligación pactada, pues la obra no fue reportada como pendiente, y se busca se cumpla con la formalidad de la ley.
Cuando un juez de manera definitiva indique se debe pagar, se hará, pero antes se agotarán todos los recursos que existan, pues se trata de dinero de los toluqueños, añadió.
Explicó que hasta ahora sólo ha habido requerimientos de pago, y se ha pretendido embargar cuentas como 10 veces, sin embargo, se han interpuesto los recursos que establece la ley, pues las cuentas que tienen un fin público, para acciones de carácter social y colectivo, son inembargables.
Finalmente mencionó que se han sostenido reuniones de coordinación y trabajo con exservidores públicos de dos administraciones pasadas, pues están interesados en que este asunto se resuelva y se aclare si la persona que firmó la estimación contaba o no con atribuciones para hacerlo.
