Diputados mexiquenses pidieron a autoridades del ayuntamiento de Toluca intentar negociar un adeudo adquirido por el no pago de una ampliación de una unidad deportiva en la gestión de María Elena Barrera Tapia, y de esta manera no deshacerse de un terreno ubicado en San Blas Otzacatipan, donde actualmente hay canchas deportivas, un templo evangélico y el proyecto de una escuela.
Durante la Comisión de Patrimonio Estatal y Municipal realizada en el salón Protocolo de la LXI Legislatura del Estado de México, presidida por la diputada Anais Miriam Burgos Hernández, acudieron el primer regidor Jorge Omar Velázquez Ruiz, así como el síndico y el consejero jurídico del ayuntamiento, quienes explicaron los motivos de la solicitud de la desincorporación de un terreno localizado en San Blas Otzacatipan.
En su explicación, detallaron que derivado de una ampliación de obra de una unidad deportiva realizada por la empresa con razón social Hermosa Providencia en la gestión de María Elena Barrera Tapia, se quedó un adeudo de poco más de 18 millones de pesos, que nunca fueron subsanados por las administraciones entrantes.
De tal suerte que derivado de un juicio se iniciò una lucha legal que finalizó con la sentencia definitiva de cubrir ese adeudo que incrementó y, por ende, se hizo inevitable cubrir el pago reclamado, ya que incluso hubo multas aplicadas a la anterior gestión municipal y a la actual, encabezada por Raymundo Martínez Carbajal.
Indicaron que en la anterior administración se ofreció para resarcir este adeudo, un terreno conformado por casi 20 mil metros cuadrados en San Blas Otzacatipan, mismo que aunque intentó ser rematado, no hubo comprador y, por lo mismo, no hubo otra opción que ofrecerlo por la deuda en mención.
Ante ello y pese a varios intentos de arreglos con la parte demandante, el cabildo de Toluca determinó realizar los trámites correspondientes para desincorporar el predio y otorgarlo para saldar la deuda.
Al respecto, la diputada Alicia Mercado y Ariel Juárez reprocharon el acto del ayuntamiento local y los invitaron a agotar otras posibilidades para evitar deshacerse de un terreno que dejaría desprotegido a los habitantes de esta zona, pues en el predio se encuentran canchas de futbol, un templo evangélico y el proyecto de construcción de una escuela.
Refirieron que más que una salida fácil deben, incluso, denunciar a las autoridades municipales de aquel entonces, a fin de que expliquen el por qué de este adeudo, ya que al parecer la misma empresa tiene ese modus operandi con otros ayuntamientos.
“En vez de deshacerse de este predio pueden reducir los recursos de gasto corriente o usar lo recaudado con los parquímetros virtuales, pero también deben investigar tanto a la empresa como a los funcionarios que estuvieron en aquel entonces”, enfatizó el diputado Mario Ariel Juárez.
