El grupo parlamentario del PRI propuso que las y los agentes de tránsito estatales y municipales, así como policías de investigación, porten y utilicen, durante el ejercicio de sus funciones, videocámaras corporales para la grabación y transmisión de audio y video en tiempo real, durante la realización de sus funciones.
De acuerdo con la iniciativa, esa medida ayudaría a combatir la corrupción, serviría de evidencia para asegurar la legalidad de las diligencias, aportaría medios de prueba y ayudaría a la redignificación de la labor policiaca.
La propuesta implica modificar diversas disposiciones del Código Administrativo, la Ley de la Fiscalía estatal y la Ley que Regula el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación para la Seguridad Pública, a fin de establecer una base jurídica que permita regular el uso, operación y monitoreo de este tipo de dispositivos electrónicos en las funciones relacionadas con la seguridad pública.
La iniciativa añade que las tecnologías de la información en las tareas relacionadas con la seguridad pública representan una herramienta valiosa para detectar conductas ajenas a los principios que rigen el ejercicio del servicio público y para evidenciar y sancionar, cuando así proceda, el maltrato y las agresiones que diariamente sufren integrantes de las diferentes corporaciones policiales en nuestra Entidad.
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También se precisa que el uso de cámaras corporales no es un asunto novedoso en nuestro país, pues, de acuerdo con un estudio realizado en 2021, sólo alrededor de 165 instituciones policiales habían adquirido cámaras corporales y aun cuando la Secretaría de Seguridad Pública ha dado los primeros pasos y en la Unidad de Asuntos Internos y algunas agentes de tránsito ya las utilizan, para el tricolor debe convertirse en política de estado.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la entidad cuenta con 17 mil elementos adscritos a labores de seguridad pública y la organización no gubernamental “Innovación Cívica” refiere que entre 2017 y 2020 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) recibió un total de ocho mil 719 quejas relacionadas con abuso policial; de las cuales, siete mil 250 recayeron sobre la Fiscalía Estatal y el resto sobre corporaciones policiacas municipales.
La información de la CODHEM muestra que durante 2021 recibieron 482 quejas contra policías estatales y mil 574 contra policías municipales y en 2022 los porcentajes fueron muy similares.
Gracias a las tecnologías, añade la propuesta, se ha exhibido a policías de tránsito, preventivos o de investigación como los principales protagonistas de actos de corrupción, extorsión o ejercicio abusivo de sus funciones, pero también se han registrado agresiones físicas y verbales ciudadanas hacia los policías.
