El Poder Judicial mexiquense aprobó implementar el Modelo de Gestión de Riesgos de Corrupción para el sector público del Estado de México, como programa piloto, en tres juzgados, a fin de identificar riesgos y realizar acciones para combatir la corrupción.
Los tres juzgados son: Familiar en línea, en línea Especializado en materia de Violencia Familiar y de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y Primero Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec.
Ese modelo es una herramienta para que a través de un análisis y evaluación se puedan controlar riesgos y prevenir comportamientos o conductas que pudieran desencadenar en hechos de corrupción.
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El Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México aprobó el acuerdo y se acaba de publicar en Gaceta de Gobierno para implementar el modelo de gestión de riesgos de corrupción, a partir del once de enero de este 2023.
De acuerdo con lo publicado por el Poder Judicial, se implementará a través de un programa piloto, con el apoyo técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, a fin de consolidar su funcionalidad en el Tribunal para permitirles identificar áreas de oportunidad y consolidar acciones concretas en el combate a la corrupción.
El Consejo de la Judicatura eligió dos juzgados en línea y uno presencial, en Ecatepec, todos en materia familiar; por lo cual se instruyó la Visitaduría Auxiliar en materia familiar para que lleve a cabo las acciones necesarias para su cumplimiento.
El Comité Coordinador del Sistema estatal y municipal Anticorrupción aprobó la Política Estatal Anticorrupción (PEA) el dos de julio del 2020 y se publicó en Gaceta de Gobierno el 20 de julio con acciones concretas para atender las causas que originan el problema público de la corrupción, y se materializó en 60 prioridades de políticas públicas. El 18 de agosto de este año se aprobó el programa de implementación de la PEA.
El modelo pretende generar acciones de combate a la corrupción, en atención a las prioridades de la Política Estatal Anticorrupción, la cual señala metas para todos los entes.
El Comité Coordinador acordó dar 60 días hábiles para implementarlo, a efecto de identificar los riesgos de corrupción, hacer una evaluación de los mismos; así como de los controles existentes, darles tratamiento, seguimiento e implementar acciones para evitar esas conductas.
El Poder Judicial es la primera institución donde se implementará el modelo de gestión de riesgos.
