Comuneros que mantian desde hace más de cinco horas bloqueada la autopista México-Toluca, en ambos sentidos permitieron el paso de los automovilistas.
Sin embargo el transito sigue siendo lento en la zona debido a que la fila de autos es kilométrica tanto para llegar a la Ciudad de México como hacía la capital mexiquense.
Se trata de comuneros de 14 localidades que dicen, se han visto afectados con la tala clandestina en el valle de Toluca y otros municipios, buscan exigir una audiencia con el presidente, Andrés Manuel López Obrador y plantearle su intervención en este delito ambiental.
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Sergio González, secretario de Bienes Comunales del municipio de Huixquilucan señaló que se trata de muchas hectáreas afectadas con la tala clandestina, lo cual provoca un gran daño ecológico.
Nuestros bosques están siendo devastados, en nuestra zona se talan un aproximado de cien árboles por día.
En la zona de Huixquilucan los santuarios afectados con este delito ambiental son los cerros centro Mexica-Otomí, el cerro de la Palma, cerro San Miguel, Tepalcatitla y otras zonas.
“Las autoridades no hacen nada por parar la tala, les pedimos que paren esto, hay muchos parajes afectados y por eso nos vemos en la necesidad de hacer esta movilización”, agregó el representante comunal.
Expuso que en dicha reserva hay bosques de oyamel, ocote, madroño, tepozal, aile y encino, sobre todo éste último y el oyamel son los más explotados.
El oyamel es el que más lo devastan porque se presta más a aserrar la madera para hacer tablas vigas y más.
Por su parte, Bernardo Santa Fe Guadarrama, secretario de Bienes Comunales en la comunidad de Tepexoyuca, Ocoyoacac, informó que se sumaron 14 comunidades que tienen diferentes problemas con la tala y el sustento de sus tierras.
“Nosotros estamos denunciando la tala inmoderada que se hace en varias partes del estado, pero también queremos hacer un reclamo ante los tribunales de la propiedad de las tierras de nuestra comunidad”, señaló el representante.
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En el caso particular de esta comunidad, parte de sus peticiones es que el Gobierno federal intervenga la legalización de al menos mil 700 hectáreas, de las cuales no cuentan con documentación legal.
Romualdo Peña, otro de los manifestantes, señaló que su petición es que se detenga el cambio de uso de suelo en santuarios protegidos, pues esto permite que particulares construyan complejos habitacionales y comerciales.
“Lo que pretenden es construir zonas residenciales, ya existen algunas en la zona de Salazar y buscan expandirse más”, aseguró Peña.
