El grupo parlamentario de Morena acordó no aprobar la contratación de más endeudamiento para el Gobierno del Estado de México para este año y solicitó al Ejecutivo una nueva propuesta donde ajuste su proyecto de paquete fiscal sin financiamientos.
El diputado Faustino de la Cruz explicó en entrevista que el gobierno estatal cuenta con más de cuatro mil millones de pesos de recursos no ejercidos el año pasado y pretende destinar más de 10 mil millones de pesos para horizontalidad. Temen que ese dinero se vaya a cuestiones electorales para posicionarse rumbo al 2023.
Tanto él como Daniel Sibaja consideraron que la administración estatal puede hacer los ajustes suficientes para destinar los recursos que se requieren a las obras federales y estatales sin necesidad de adquirir créditos.
Sostuvo que no se ponen en riesgo las obras federales con esa decisión, pues el gobierno estatal cuenta con la posibilidad de redireccionar presupuesto, a través de acciones de austeridad, que le permiten invertir en las obras estatales y federales planeadas.
En los últimos días el grupo parlamentario de Morena estuvo reunido para definir su posición en torno al paquete fiscal de este año que no ha sido aprobado porque la mayoría de las bancadas no están de acuerdo con contratar deuda.
La bancada morenista, de acuerdo con Pérez de la Cruz, asumió este viernes la posición de rechazar el endeudamiento propuesto por el Ejecutivo y emplazó al Gobierno del Estado de México a presentar un plan B.
"Nosotros no vamos a autorizar más endeudamiento, toda vez que hay recursos del anterior año fiscal por más de cuatro mil millones que no se han ejercido, y en el análisis que hemos hecho del paquete fiscal se destinan más de 10 mil millones de pesos al tema de horizontalidad para la tarjeta rosa y queda claro que se preparan para el 2023".
Faustino de la Cruz dijo que el gobierno tendrá que hacer un replanteamiento, pues los ingresos y egresos bajarían de 326 mil a 316 mil millones de pesos y buscan no destinar más recursos al salario rosa.
Por su lado Daniel Sibaja de Morena también consideró que el presupuesto debe ser aprobado sin deuda y su compañera Carmen de la Rosa advirtió que la propuesta de su grupo parlamentario es destinar más recursos a infraestructura como drenaje, alcantarillado, a la construcción y rehabilitación de puentes en vialidades importantes.
También a la pavimentación de calles, rehabilitación de vialidades, la electrificación rural y urbana y a la atención a víctimas y ofendidos de delitos con perspectiva de género.
hasta el noveno mes del 2021 el saldo de la deuda pública ascendía a 47 mil 238 millones de pesos.
Contexto
El Ejecutivo Estatal ha solicitado a la Legislatura mexiquense contratar nueve mil 500 millones de pesos de deuda, con lo cual los pasivos de la entidad mexiquense llegarían a 56 mil 738 millones de pesos.
Desde 2018 el Gobierno de Alfredo del Mazo Maza ha contratado 16 mil 800 millones de pesos, a través de al menos 16 créditos adquiridos.
De la deuda solicitada, cinco mil 949 millones serían para obras federales y tres mil 550 millones de pesos para estatales, y de las federales, las autoridades estatales tienen comprometidos cinco mil 245 millones de pesos en el sistema de transporte masivo Chalco - Santa Martha; la extensión del mexibús cuatro otros 350 millones de pesos y la extensión mexibús 1 Ciudad Azteca - Ojo de Agua 354 millones de pesos.
Morena pretende platicar con otras bancadas que también están en contra de la deuda, como el PT, Partido Verde, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza para conocer si apoyarán esa posición.
Defiende PRI propuesta
Al respecto, las y los diputados del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados local, resaltaron que la propuesta hecha por el Ejecutivo, fue integrada con responsabilidad y transparencia, y está orientada a atender las principales demandas de los mexiquenses como son la salud, educación, infraestructura y reactivación económica.
Lamentaron que la fracción de Morena en el Congreso local busque evitar la contratación de financiamiento a largo plazo para poder atender con mayor eficacia las demandas que representa una entidad como el Estado de México
