El Sistema Anticorrupción del Estado de México cerró el mes de mayo con 122 ayuntamientos que cuentan con su sistema municipal en esa materia, en tanto otros tres no lo tienen, y algunos más registran comités de participación ciudadana (CPC) incompletos, y comisiones de selección no vigentes.
El último informe de la Secretaría Ejecutiva del Sistema estatal da cuenta de que dos de los 125 municipios mexiquenses, están en proceso de instalar su comité que son: Atenco y Temamatla.
En tanto, Tenancingo no ha mostrado evidencia para acreditar la implementación de su CPC.
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Aún cuando en el mes de enero de este año por primera vez se alcanzó la instalación de los 125 sistemas municipales anticorrupción en febrero se desinstaló Temamatla y el mes de marzo Atlautla, aunque este último volvió a operar en mayo.
No obstante, los sistemas de los municipios de Atenco y Tenancingo se desinstalaron también en mayo, por lo cual hoy sólo están vigentes 122.
La estadística de género muestra que de las y los integrantes de los sistemas 141 son hombres, es decir, el 47%, y 161 son mujeres; esto es un 53%.
Los sistemas municipales anticorrupción son instancias de coordinación y coadyuvancia con el sistema estatal que buscan establecer principios y bases generales, políticas públicas, acciones y procedimientos para prevenir detectar y sancionar faltas, actos y hechos de corrupción y coadyuvar en la fiscalización y control de recursos públicos en el ámbito municipal.
El estado de México es la única entidad que obliga a cada uno de sus 125 ayuntamientos a contar con un sistema municipal anticorrupción.
A partir de la creación del sistema sólo en una ocasión, que fue en enero del 2023, se alcanzó la implementación de los 125 sistemas municipales.
Anteriormente, el atraso era mayor, pero el comité de participación ciudadana estatal presionó a las demarcaciones, a través de denuncias ante la Contraloría del Poder Legislativo mexiquense, con lo cual los gobiernos agilizaron la implementación de sus sistemas.
No obstante, los comités ciudadanos en los ayuntamientos han enfrentado distintos obstáculos como la falta de pago y presiones.
