Toluca, México.-Por tercera Legislatura consecutiva los diputados promoverán la creación de una Ley de Participación Ciudadana y una de Fomento a las Actividades de las Organizaciones Civiles que esperan aprobar con la participación de organizaciones, expertos y ciudadanos.
Para ello, prevén establecer un diálogo con las organizaciones, trabajar de la mano con especialistas, organizar foros y mesas de análisis y vincular el trabajo con los Copacis.
La diputada Berenice Medrano de Morena también planteó la necesidad de incluir la figura de la contraloría social en la iniciativa de ley de Participación Ciudadana como mecanismo de contrapeso para identificar los listados de obras, las acciones que se hacen y si se han tomado en cuenta las propuestas de la sociedad civil.
Viejas propuestas
Las dos iniciativas de ley han sido planteadas desde Legislaturas anteriores: en la 58 Legislatura Annel Flores del PAN propuso la Ley de Participación y su compañera de bancada, Adriana Hinojosa planteó la Ley de fomento a Organizaciones Civiles.
En la 59 Legislatura local la legisladora Patricia Durán de Movimiento Ciudadano retomó el tema de la Ley de Participación Ciudadana y Sergio Mendiola del PAN la de organizaciones civiles; sin embargo ambas se quedaron en el tintero.
Ahora, en la 60 Legislatura local la mayoría de las bancadas buscan impulsar esas leyes, aunque el PRI también espera que el gobernador, Alfredo del Mazo presente una iniciativa en materia de organizaciones civiles, pues fue una de sus promesas de campaña.
La presidenta de la comisión, Lorena Marín anunció que buscarán retomar propuestas de otras iniciativas para enriquecer las que estarán analizando.
Las iniciativas de Ley de Participación Ciudadana buscan garantizar el derecho de la participación ciudadana. La del 2014 precisaba mecanismos como el referéndum, la consulta popular, la audiencia pública, la colaboración ciudadana, el presupuesto participativo y los consejos ciudadanos.
La iniciativa del 2016 impulsaba las figuras del plebiscito, consulta popular, referéndum, consulta ciudadana, presupuesto participativo, ratificación de mandato, comparecencia pública, debate ciudadano, auditoría ciudadana, iniciativa ciudadana, proyectos sociales, colaboración popular y asambleas ciudadanas.
Ley de Fomento a Organizaciones
El PAN ha impulsado en las dos anteriores Legislaturas crear la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil para el Estado de México para establecer canales institucionales de interlocución entre el Estado y las organizaciones, garantizar el acceso a apoyos y estímulos públicos transparentes.
Otros objetivos han sido su participación en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas. Primero la propuso Adriana Hinojosa en 2014 y en la anterior Legislatura Sergio Mendiola Sánchez la retomó. Ambos son del PAN.
Entre otras cosas esa iniciativa pretende crear un Registro Estatal de Organizaciones que concentre y clasifique el acervo documental de las organizaciones, un sistema de información para conocer el número real de organizaciones en la entidad, la naturaleza y acciones de las mismas, un Consejo Técnico Consultivo Estatal honorífico.
Hace cinco años, según la propuesta del PAN había mil 616 organizaciones, de las cuales mil 304 eran Asociaciones Civiles (AC), 221 Instituciones de Asistencia Privada (IAP) y 42 Sociedades Civiles (SC).
Sin embargo se criticaba que el Estado de México no tenía un marco normativo donde se fomentaran las actividades de las organizaciones, ni les garantizara el acceso a apoyos y estímulos, ni su participación en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, pues ni siquiera existía un registro oficial de las organizaciones que trabajaban en la entidad.
Contraloría Social
La diputada Berenice Medrano ahora también impulsa incluir la figura de la contraloría social como un mecanismo de contrapeso, vigilancia y seguimiento a los actos de gobierno y toma de decisiones relacionadas con el ejercicio y ejecución de recursos públicos destinados principalmente a la obra pública.
“La figura de la contraloría social se debe fortalecer para que quienes tienen bajo su cargo el ejercicio de los recursos públicos, ya sea para obras de prestación de servicios o de cualquier otra índole den cumplimiento a lo que materia de transparencia ya se encuentra regulado, y más en lo que respecta al ejercicio de la función pública”.
Los legisladores locales prevén diseñar un plan en los municipios y garantizar que todos tengan un reglamento de participación.
Tentativamente pretenden realizar comisiones periódicas los miércoles 27 de febrero, 27 de marzo y tienen como meta presentar un dictamen el 29 de marzo ante el pleno.
Antes, realizarán foros de participación con organizaciones civiles, académicos, funcionarios y ciudadanos y en marzo uno con expertos; también quieren realizar otro con Copacis.
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