El problema de la venta de medicamentos caducos en el Estado de México, como en el resto del país, continúa con todos los riesgos que ello puede traer consigo para la salud de las personas.
Así lo señaló Alfredo Urbano Flores, presidente de la Federación de Propietarios de Pequeñas Farmacias en la entidad, quien consideró necesaria una mejor regularización en esta materia por parte de las autoridades correspondientes.
“Lamentamos que se trate de un problema que no solamente ha perdurado varios años, sino que se ha agravado, porque lejos de que exista una vigilancia continua y permanente por parte de las autoridades correspondientes, tanto para los laboratorios, como los distribuidores, vemos que simplemente no existe”, apuntó.
En el pasado, recordó, los productos farmacéuticos tenían una fecha de caducidad de tres o cinco años, pero ahora se ha reducido, motivo por el cual se tiene más fármacos en esta condición al interior de los establecimientos.
“La realidad es que los medicamentos caducos representan una pérdida total para el farmacéutico, porque los distribuidores ya no los reciben”, comentó.
Cabe mencionar que el artículo 233 de la Ley General de Salud establece que quien realice la venta y suministro de medicamentos con fecha de caducidad vencida se le impondrá una pena de uno a cinco años de prisión, aparte de una sanción prevista en el artículo 421 de dicha normatividad.
Para el representante de las pequeñas farmacias, la empresa que produce los medicamentos debe ser la responsable de destruirlos una vez que ya terminó su periodo de vigencia, sustituirlos o sacarlos del mercado.
Lo anterior, enfatizó, para que no se llegue a la comercialización ilegal, porque la regulación y las sanciones existen para combatir la problemática, pero no se respetan.
“Lo importante es que las autoridades supervisarán a los laboratorios para evitar la comercialización ilegal, de tal manera que no nos vendan productos que están a punto de perder vigencia, porque en muchas ocasiones nos llegan con tres meses para caducar”, aseveró.
Finalmente, pidió tomar en consideración que se trata de un problema de carácter federal, pero también estatal, en el cual cada autoridad debe asumir la parte que le corresponde y sancionar cuando sea necesario.
