/ martes 24 de octubre de 2017

Ven trasfondo político en la salida de Santigo Nieto

La salida de Nieto de la dependencia causó malestar en la sociedad civil, al grado de que un grupo de 16 organizaciones criticaron públicamente la decisión

La destitución de Santiago Nieto Castillo al frente de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) obedeció a razones políticas y no legales por violar el Código de Ética de la Procuraduría General de la República (PGR), coincidieron especialistas quienes ven al caso Odebrecht como la verdadera causa de la destitución del funcionario.

Enrique Gutiérrez, director del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana,  explicó que si bien en la reforma política de 2014 se establece que el Procurador General de la República puede destituir al titular de la Fepade, existe el candado que permite al Senado restituirlo. Sin embargo, no se puede negar que en el contexto actual, existe la sospecha fundada que en realidad se trata de un “despido” político.

“Llama la atención por lo menos, justo cuando arranca el proceso electoral es cuando bien esta destitución a manos de la PGR, además en el marco de la renuncia de Raúl Cervantes, lo cual no abona nada”, dijo.

El académico añadió que también hay la duda de si el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías, tiene las mismas facultades que el Procurador, pues hasta donde él tiene entendido su cargo formal sigue siendo el de subprocurador.

 

Por su parte, el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, Julio Jiménez, consideró que Elías faltó al debido proceso al momento de destituir a Nieto Castillo, debido a que le negó el derecho de audiencia, por lo cual es acertado que el Senado lo citara para dar su versión.

“Se violentó el proceso de remoción porque no se conoció la causa de la salida del Fiscal y es causa suficiente para que el Senado de la República llame a la audiencia y se reestablezca el debido proceso”, aseveró.

Jiménez coincidió en que la salida de Nieto Castillo tiene un origen político y no legal, pues está la investigación contra Lozoya, los expedientes de exgobernadores priistas y de la presunta compra de votos en diversos estados de la República, la mayoría relacionados con militantes del PRI.

En lo único que no coincidieron los especialistas fue en la presunta falta de Nieto Castillo, pues mientras Gutiérrez piensa que sí se extralimitó en sus declaraciones públicas sobre Odebrecht, Jiménez piensa que no, debido a que la información ya es pública.

PIDEN LLEGAR A FONDO EN DESTITUCIÓN

La salida de Santiago Nieto de la Fepade causó malestar en la sociedad civil, al grado de que un grupo de 16 organizaciones criticaron públicamente la decisión al considerar que hay un trasfondo que hace suponer que la verdadera causa fue su trabajo para investigar presuntos delitos relacionados con la empresa brasileña Odebrecht, y no la violación de códigos de ética como asegura la PGR.

“En ausencia de una explicación creíble respecto a su remoción, no queda más que concluir que la Fepade es una víctima más de la falta de respeto a los principios de autonomía e independencia que caracterizan a las instancias de procuración”, dijo la ONG.

La destitución de Santiago Nieto Castillo al frente de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) obedeció a razones políticas y no legales por violar el Código de Ética de la Procuraduría General de la República (PGR), coincidieron especialistas quienes ven al caso Odebrecht como la verdadera causa de la destitución del funcionario.

Enrique Gutiérrez, director del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana,  explicó que si bien en la reforma política de 2014 se establece que el Procurador General de la República puede destituir al titular de la Fepade, existe el candado que permite al Senado restituirlo. Sin embargo, no se puede negar que en el contexto actual, existe la sospecha fundada que en realidad se trata de un “despido” político.

“Llama la atención por lo menos, justo cuando arranca el proceso electoral es cuando bien esta destitución a manos de la PGR, además en el marco de la renuncia de Raúl Cervantes, lo cual no abona nada”, dijo.

El académico añadió que también hay la duda de si el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías, tiene las mismas facultades que el Procurador, pues hasta donde él tiene entendido su cargo formal sigue siendo el de subprocurador.

 

Por su parte, el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, Julio Jiménez, consideró que Elías faltó al debido proceso al momento de destituir a Nieto Castillo, debido a que le negó el derecho de audiencia, por lo cual es acertado que el Senado lo citara para dar su versión.

“Se violentó el proceso de remoción porque no se conoció la causa de la salida del Fiscal y es causa suficiente para que el Senado de la República llame a la audiencia y se reestablezca el debido proceso”, aseveró.

Jiménez coincidió en que la salida de Nieto Castillo tiene un origen político y no legal, pues está la investigación contra Lozoya, los expedientes de exgobernadores priistas y de la presunta compra de votos en diversos estados de la República, la mayoría relacionados con militantes del PRI.

En lo único que no coincidieron los especialistas fue en la presunta falta de Nieto Castillo, pues mientras Gutiérrez piensa que sí se extralimitó en sus declaraciones públicas sobre Odebrecht, Jiménez piensa que no, debido a que la información ya es pública.

PIDEN LLEGAR A FONDO EN DESTITUCIÓN

La salida de Santiago Nieto de la Fepade causó malestar en la sociedad civil, al grado de que un grupo de 16 organizaciones criticaron públicamente la decisión al considerar que hay un trasfondo que hace suponer que la verdadera causa fue su trabajo para investigar presuntos delitos relacionados con la empresa brasileña Odebrecht, y no la violación de códigos de ética como asegura la PGR.

“En ausencia de una explicación creíble respecto a su remoción, no queda más que concluir que la Fepade es una víctima más de la falta de respeto a los principios de autonomía e independencia que caracterizan a las instancias de procuración”, dijo la ONG.

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