En las últimas 24 horas, ocho personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público por prestar el servicio de seguridad privada sin contar con los permisos vigentes. En tanto, cuatro empresas fueron notificadas de la situación irregular bajo la que operaban, informaron autoridades estatales.
La institución de procuración de justicia, a través de un comunicado, precisó que para operar de manera legal, los proveedores de estos servicios deben poseer un permiso vigente, expedido por la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM). Dicha autorización se concede solo después de cumplir con varios requisitos que aseguran que el servicio cumple con los estándares de calidad.
La Secretaría de Seguridad estatal destaca que inició un proceso de revisión de la situación en la que actúan las empresas de este ramo, lo que ha derivado inicialmente en la suspensión de actividades de cuatro de ellas y la detención de ocho personas por el delito de usurpación equiparada de funciones, previsto y sancionado en el artículo 176, fracción III, del Código Penal del Estado de México.
Piden cumplir con normatividad para prevenir el delito de usurpación de funciones equiparada.
La dependencia exhorta a todas las personas físicas y morales a prestar y contratar servicios de seguridad privada, cumpliendo con la normatividad vigente en el Estado de México y bajo el amparo del permiso vigente que expide esta Secretaría.
De lo contrario, quienes presten dicho servicio de manera irregular podrían cometer el delito de usurpación de funciones equiparada, el cual tiene una pena de hasta ocho años de prisión y mil días multa. Y quienes contraten dicho servicio a quien no cuente con la referida autorización vigente, puede hacerse acreedor a sanciones administrativas de hasta 5,000 UMAS.
El proceso de verificación a las empresas de seguridad privada se encuentra en marcha y se revisará la situación del total de aquellas que se encuentren registradas, así como la detección de las que presten este servicio sin haberse registrado, tal como lo marca la ley.