Con unas letras de cemento, las cuales fueron instaladas frente al Poder Judicial, familiares y compañeros de Tomás Martínez, albañil acusado del presunto delito de homicidio contra un policial judicial en Nicolás Romero, protestaron este miércoles para exigir su libertad.
Los hechos por los que se le acusa ocurrieron el 10 de marzo de 2020 en la comunidad de Llano Grande Azcapotzaltongo, cuando se registró una persecución y un enfrentamiento entre agentes de la Fiscalía y con pobladores la cual dejó como saldo un oficial asesinado.
Un año y medio después, el 4 de junio de 2022, Tomás Martínez fue detenido por presuntamente ser quien detonó el arma de fuego en contra del servidor público por lo que fue sentenciado en junio de 2023 a 45 años de prisión.
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"Es un preso político, todas las acusaciones fueron desmentidas pero aún así lo sentenciaron", señaló Humberto Gómez, uno de los representantes de la comunidad que este miércoles se manifestaron.
De acuerdo con lo informado, este jueves habrá una audiencia de apelación, por lo que amigos y familiares del hoy detenido decidieron manifestarse para presionar al juez a que falle a favor.
Queremos la reposición del proceso, que se considere inocente
Los pobladores llegaron y cerraron un tramo de la calle Nicolás Bravo frente al Poder Judicial a bordo de un camión de volteo con bultos de cemento, palas, cucharas y unicel.
Primero presenciaron una misa para después hacer mezcla y construir las letras de cemento con la frase: "Justicia para Tomás Martínez". A la par de esto, un grupo de mujeres preparó nopales en salsa verde para ofrecer a los albañiles que acudieron a la manifestación.
Tras la protesta, representantes del Poder Judicial salieron para atender a los pobladores, quienes externaron que solo era una movilización pacífica.
DENUNCIAN REPRESALIAS POLÍTICAS
De acuerdo con los trabajadores, Tomás Martínez era un líder social en la comunidad de Llano Grande y realizaba faenas en beneficio de sus vecinos.
“Todos los que estamos aquí, es por agradecimiento, porque el compañero siempre nos ayudó, realizaba faenas y trabajos para pavimentar calles y obras en la escuela”, externaron vecinos que se sumaron a la manifestación.
Humberto Gómez denunció que se trata de una represalia política en contra del trabajador de la construcción ya que la orden de aprehensión se giró casi un año y medio después de haber ocurrido los hechos.
“Lo consideramos como preso político y una forma de reprimir la labor que hacía”, señaló el representante de vecinos.
La audiencia de apelación por la sentencia en contra de Tomás Hernández se llevará a cabo en los juzgados de Texcoco este jueves, informaron pobladores.
