Cualquier sistema democrático se caracteriza por la tensión dinámica que ofrece el binomio oposición-gobierno/ minorías-mayoría. A criterio de autores como Liam Franco Pasquino el rol de la oposición en los sistemas democráticos, “el parlamento constituye la máxima sede de expresión de la oposición política… la función opositora se manifiesta en la dialéctica política constituye entonces, la principal expresión de la oposición política… y… la distingue la de constituir la orientación alternativa de gobierno”. (Pasquino, 1997)
El rol opositor es vital para un sistema democrático y corresponde a los ciudadanos-electores resolver esa tensión social intermitente, justo en los procesos electorales; otorgando su voto el ciudadano resuelve y crea una nueva relación de poder. Pero, ¿qué sucede cuando el conflicto se alienta desde el gobierno en turno para ampliar o garantizar una base de apoyo mediante reglas electorales que se imponen por una mayoría que irrumpe con el discurso del mandato, pero ignora o silencia a sus opositores?
Lo anterior vienen a colación por las iniciativas que hasta el momento ha presentado MORENA en materia electoral: Reducción del 50% del financiamiento público a los partidos políticos (ahorro de 2.5000 mdp como argumento); suprimir los padrones de militantes (consecuencia de las sanciones por la inobservancia en su actualización); perdonar las sanciones impuestas a los partidos políticos, (cuando MORENA sería el partido más sancionado con motivo de la fiscalización 2013), y a cortar la salida de Lorenzo Córdoba de las presidencia del INE (como consecuencia tanto a las críticas a una reforma electoral sin consensos como al juicio de acción de inconstitucionalidad por el caso Bonilla y sobre seguido ya por la SCJN)… amén de las amenazas de desaparecer la representación proporción al en el Congreso, desaparecer los OPLES y otras que aún no se materializan en discusiones con la cámara, pero que ya han trascendido.
Las amenazas (pues no fueron otra cosa) de reformas electorales al vapor, que afortunadamente han sido pospuestas exhiben que quien tiene el poder y un gobierno unitario no hace más que el exhibir la tentación por volver a la lógica del partido dominante. T. J. Pempel lo advierte en un libro clásico; “Democracias diferentes, los regímenes con un partido dominante” y cito textual: “… la capacidad del partido gobernante para utilizar al gobierno en beneficio propio… permite que los partidos dominantes utilicen esas ventajas para mantenerse con el poder durante periodos aún más prolongados” (Pempel, 1991).
Esas prácticas autoritarias del priismo histórico y desterradas del sistema electoral mexicano desde 1996 parecen estar de vuelta y en las manos de quienes prometieron que serían distintos. Más agraviante aun, que todos los síntomas observados tanto en la conducta política del presidente como en la errática dirección política de su partido rematen un año digno de elogios en sus transformaciones políticas y sociales que la 4T ha generado exitosamente. Es pues, un tanto contradictorio que se avance en un sentido social del gobierno y se retroceda en la democratización del poder público. Si verdaderamente a la clase gobernante, la dominará un afán democratizador, privilegiaría la pluralidad política, fomentaría la existencia de una oposición vigorosa en vez de tratar de desaparecerla y sobre todo dejaría en manos de los ciudadanos mediante su voto, las transformaciones que ya anidan en la sociedad con diferentes formas de expresión y que cada elección se resuelve, justamente, con la configuración de las nuevas mayorías. Pretender hacerlo desde el poder es regresivo, antidemocrático y francamente preocupante.
@JC_Villarreal61
