Según la información publicada en este diario, el 40 por ciento de las y los candidatos a cargos federales, incluyendo presidencia, senadores y diputados, no cuentan al menos con el título de licenciatura.
A diferencia de otros países, en la normativa mexicana no se establece el requisito de tener un grado mínimo de estudios para ser legislador. Por ejemplo, se menciona el caso de Suiza, en cuyo Parlamento el 72 por ciento ostenta un grado académico equivalente en México al de maestría, el 20 por ciento al de doctorado y sólo 8 por ciento de licenciatura.
En cambio, aquí abundan los personajes con escasa escolaridad, la mayoría de poco intelecto, soberbios o francamente impresentables. Uno de sus distinguidos exponentes es el exfutbolista profesional Cuauhtémoc Blanco, ahora candidato a diputado por el partido en el poder y gobernador con licencia de Morelos, donde deja un legado de pésimos resultados, y en la plataforma del INE se le reporta con la secundaria terminada, únicamente.
El servicio público se ejerce en apego a las disposiciones legales en vigor, y su finalidad es generar valores tangibles, encauzados a satisfacer las necesidades del usuario y a contribuir al progreso y bienestar colectivo. Desde luego, la encomienda debiera recaer en gente honorable y preparada, dispuesta a garantizar la digna representación de una sociedad y defender sus legítimos intereses, sin atender a consignas o nefastas ideologías de ningún supuesto iluminado.
Sin embargo, lo que en una democracia moderna pudiera ocurrir como un hecho aislado, en México lo común es ver en quienes ocupan puestos oficiales la deficiente o nula formación académica y ética, aunado a la ineptitud y deshonrosa sumisión al superior en turno. En el actual sexenio estas características han sido ampliamente recompensadas por el inquilino de Palacio Nacional, al eliminar experiencia y sabiduría y saturar la burocracia de élite con individuos 90 por ciento leales y 10 por ciento capaces.
Obviamente, las deficiencias han derivado en decisiones absurdas y aumento del desorden, sinrazón en el uso del dinero de los mexicanos y, en general, en la imposibilidad de crear una administración eficiente y de avanzada. Las evidencias son numerosas y, aparte de consentir la exagerada corrupción, ahí están la falta de estudios técnicos, de personal calificado y de un manejo inteligente de los recursos en los llamados proyectos insignia, de la magnitud del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Incluso, en el desastre destaca también la ignorancia de esos sinvergüenzas, al creer que no se les aplicará la ley y nunca recibirán el merecido castigo.
Por eso, resulta indispensable impulsar una verdadera transformación en la vida de la República, a fin de integrar las diferentes estructuras de gobierno con funcionarios competentes, honrados y de talento probado. Si el país continúa sufriendo las consecuencias de la violencia, inseguridad y pobreza; de los graves problemas en salud y educación; del derroche, opacidad y nepotismo; de la destrucción de las instituciones autónomas y otras mil calamidades, es obligado elegir referentes de un servicio público responsable, auténtico y altamente profesional.
Si se tiene conciencia de la necesidad del cambio, nada justifica el seguir tolerando a políticos mediocres, incultos e inmorales, cuyas lealtades no van hacia la sociedad, sino a radicalizar el fanatismo y la idolatría a la autocracia.
Comentario final: Los contribuyentes exigimos una Toluca con agua potable, sin baches ni basura, ordenada y segura.
Ingeniero civil, profesor de tiempo completo en la UAEM.
