A través de la seguridad social, las y los mexicanos podemos garantizar los medios de subsistencia necesarios para nosotros y nuestras familias ante eventualidades, como accidentes o enfermedades, así como frente a circunstancias como el embarazo en las mujeres en edad fértil o durante la vejez después de cumplir 65 años o más.
En otras palabras, la seguridad social es el mecanismo más efectivo para planificar y garantizar nuestro futuro, así como el de nuestros seres queridos ante situaciones extraordinarias y que no están completamente en nuestras manos.
Sin embargo, en nuestro país tenemos importantes retrasos administrativos, de coordinación y legislativos que nos han impedido garantizar que el total de la población pueda tener un acceso garantizado a los servicios de seguridad social. De acuerdo con cifras de la ENOE (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) al corte de febrero de 2024 se registró que 4 de cada 10 empleados subordinados no tienen afiliación a instituciones de seguridad social.
Con estos datos, se puede observar una tendencia negativa a nivel nacional, ya que, durante la última década, el universo de trabajadores en México que no tienen acceso a seguridad social apenas se ha reducido. Hoy, esta realidad se traduce en un 43.9 por ciento de trabajadores que no cuentan con acceso a servicios de salud; mientras que, en términos absolutos, son 16.4 millones de trabajadores y trabajadoras que, a pesar de tener un empleador no tienen garantizada esta prestación.
Estas cifras nos brindan un panorama sobre las dificultades que como sociedad tenemos para formalizar el acceso al empleo y a seguridad social. Esto, debido en gran parte a la escasa coordinación entre los tres niveles de gobierno para implementar un programa eficiente que permita a las empresas formalizar sus puestos de trabajo, sin perder de vista que el acceso o la falta de seguridad social está íntimamente relacionado con el acceso a otros derechos laborales, como la salud, las aportaciones y el crédito para la vivienda.
Si bien la pandemia de Covid-19 provocó una apertura masiva de negocios informales por el cierre forzoso de empresas y unidades económicas, después de casi 5 años, no pueden mantenerse incomunicadas las autoridades de los municipios, las entidades y la federación para hacer frente a esta problemática que nos impacta a todos.
Atender la informalidad laboral y el acceso a la seguridad social es un pendiente que como nación debemos de atender en los siguientes meses. Las acciones y medidas a implementar deben tener un efecto inmediato, de lo contrario seguiremos teniendo graves afectaciones en el bienestar social de los trabajadores.
Para las y los trabajadores, el empleo informal es sinónimo de precariedad y vulnerabilidad pues la mayoría carece de un contrato de trabajo, trabaja largas jornadas en condiciones inadecuadas, no dispone de acceso a prestaciones sociales, no recibe compensación por desempleo o enfermedad y no disfruta de períodos vacacionales remunerados.
Lic. Gilberto Javier Sauza Martínez / Vicepresidente de CONCAEM
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