Es mandato constitucional que todas las mexicanas y todos los mexicanos contribuyamos de una u otra forma con el gasto social del país, ya que, de este ingreso percibido, el estado tendrá la obligación de atender los satisfactores de la sociedad.
Ante esta premisa, el pago de impuestos debe darse de una forma equilibrada, ya que, de lo contrario, se podría provocar una desestabilización social. En otras palabras, deben existir reglas y requisitos para el pago de estas contribuciones.
Debemos diferenciar entre aquellas contribuciones que tienen un fin meramente recaudatorio, a través de las cuales la sociedad contribuye al gasto público y el gasto que supone la operación del gobierno. Y aquellos impuestos que los contribuyentes deben pagar como reparación de las afectaciones que la actividad económica genera al país; tal es el caso de los impuestos relacionados con el medio ambiente, ya que al superar los límites de contaminación establecidos el impuesto generado se empleará para atender las afectaciones en el ambiente.
Conocidos estos parámetros, debemos señalar la existencia de un Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que tiene la tarea de unificar la carga impositiva en cada entidad federativa, así como en la federación.
Sin embargo, en 2013 se permitió en la Ley del Impuesto al Valor Agregado la aplicación de impuestos cedulares que son aquellos impuestos que los estados pueden cobrar por actividades empresariales, como lo son actividades profesionales, venta de bienes y renta de bienes inmuebles. El pago de estos impuestos tiene el objetivo de atender las necesidades regionales.
Con estas referencias, el Estado de México plantea la posibilidad de imponer 3 impuestos; el primero de carácter contributivo y dirigido al medio ambiente en el que las empresas deben invertir con miras a los objetivos de la Agenda 2030 y contar con un sector empresarial sustentable.
El segundo atenderá el impuesto generado por las diferencias entre los avalúos y la venta de un bien; enfocándose en las casas de empeño.
En la tercera propuesta, el gobierno estatal busca gravar las utilidades de las personas físicas que prestan servicios profesionales. Con esto, el estado estará facultado para cobrar este impuesto previo a la federación y se podrá presentar una deducción a los impuestos federales.
Si bien, la aplicación de estos impuestos es una atribución del gobierno estatal es de vital importancia que el sector económico sea parte de las mesas de decisión y análisis ya que los impuestos impactan completamente al sector económico.
Los comentarios del sector económico mexiquense deben ser valorados antes de implementar medidas que pueden ser contraproducentes. Nuestro único objetivo es sumar y entregar los mayores réditos posibles a la sociedad.
