La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un amparo presentado en 2017 de la Universidad Autónoma del Estado de México que reclamó reformas a la constitución local y que, entre otros aspectos, ordena a la legislatura nombrar a su contralor interno. Esta resolución ha generado reacciones en contra alegando una invasión a la autonomía universitaria.
Al mismo tiempo, en una investigación de Integralia, publicada el domingo en el periódico Reforma, se reporta que las universidades públicas son los entes más opacos respecto de las entidades sujetas a fiscalización por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Según este informe, de 2000 a 2016 se realizaron auditorías a 34 universidades que derivaron en más de dos mil observaciones de las cuales, hasta la fecha, sólo se han aclarado el 25%. Mientras que en los demás entes auditados en el mismo periodo se han solventado un poco más del 50%.
Las universidades necesitan la autonomía para organizarse en torno a la generación de conocimientos, expresar de manera libre resultados de investigaciones, formar profesionales e investigadores que sin ataduras políticas ni de ningún tipo, desarrollen un espíritu abierto y libre. No obstante, para realizar sus funciones las universidades requieren recursos que son aportados por la sociedad, lo que contribuye a garantizar la autonomía en sus tareas.
La vigilancia en el uso de los recursos públicos se ha hecho a través de informes que se entregan a la ASF en el caso del presupuesto federal y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México en el caso del dinero público local. El control interno del uso de los recursos y el apego a los procedimientos contables había estado a cargo de un contralor nombrado por la propia universidad.
En materia anticorrupción mucho se ha debatido y escrito sobre la conveniencia de que las contralorías internas de los poderes y entes públicos sean autónomas, para que su trabajo no esté sujeto a las presiones de los jefes o titulares de las dependencias. Por eso el nombramiento del contralor en un organismo autónomo por parte del congreso debería recibirse como una buena noticia porque implica independencia del área que revisa el uso de recursos y los procedimientos. No viola la autonomía universitaria puesto que no decide sobre el uso. Además la contraloría interna no aplica a los académicos, sino a los funcionarios universitarios que gestionan recursos públicos.
El riesgo de esta medida es que se utilice con fines político-partidistas y quizá es el temor de las universidades. Para evitarlo, tanto la comunidad universitaria, como las diversas fuerzas políticas, el sistema anticorrupción local y la ciudadanía, deben participar en el proceso de postulación y selección de esta figura a fin de que se convierta en una garantía más del derecho a la educación con un adecuado ejercicio de los recursos.
Profesora-investigadora de El Colegio Mexiquense, A.C.
