De acuerdo con un diagnóstico oficial, en México el acceso a la educación superior sigue siendo un privilegio y no un derecho.
Esto se publicó hace unos días, y corresponde a un trabajo realizado por el Programa Nacional de Educación Superior (PNES). Lo ahí mencionado es muy preocupante, pues muestra las bajas cifras de alumnos inscritos en ese nivel.
Entre otras cosas, se habla de sólo 3 de cada 10 jóvenes del grupo de edad de 18 a 22 años cursando una carrera profesional, y dos de cada diez de 25 años y más con estudios posteriores al de bachillerato. Se mencionan también los diversos temas a corregir, destacando los de la baja tasa de ingreso y cobertura; los elevados índices de abandono escolar y las marcadas diferencias en la calidad de la oferta educativa; la desigual vinculación con los entornos poblacionales y económicos, y desde luego la insuficiencia de los recursos financieros.
Actualmente, en los países avanzados se consolida el paradigma de la llamada economía del conocimiento, y en los tiempos recientes se han conocido modificaciones importantes en las maneras de generar, difundir y usar el saber, así como en las de enlace entre la gestión institucional y el ámbito productivo. Por supuesto, el cambio se basó en la incorporación de políticas novedosas y en las del apoyo a la investigación científica, tecnológica y de innovación, en respuesta a las exigencias planteadas por los diferentes sectores sociales y empresariales, específicamente en cuanto a los perfiles de formación en licenciaturas y posgrados.
Ante la importancia preparar correctamente a las generaciones de mexicanos, de atender con eficacia el problema de la masificación, de estimular el talento y ofrecer una instrucción moderna, con la cual enfrentar los desafíos presentes, surge la pregunta de por qué los gobiernos y las autoridades educativas han permitido acrecentar el rezago, y con ello los riesgos derivados de la ignorancia y de no alcanzar mejores condiciones de igualdad, progreso, justicia y democracia.
Por el contrario, en esta administración federal se desprecia la inteligencia, se condenan las aptitudes y se premia la lealtad ciega al jefe; incluso, calificándose de egoístas, conservadores, aspiracionistas y partidarios de la corrupción a quienes, con el respaldo de un título profesional, desean alejarse de la pobreza, formar un patrimonio digno y ascender en la escala social. Por eso, en lugar de capacitar hasta niveles de excelencia a docentes y directivos, de invertir en la infraestructura, tecnología, mobiliario y equipamiento de las escuelas, se crean centros “gansito” de “enseñanza para el bienestar”, y se derrocha en obras inútiles, carentes de planeación y transparencia; megaproyectos causantes de destrucción del medio ambiente y con sobrecostos realmente indignantes.
En la prosperidad de la nación, bastante debe influir la calidad y el prestigio de sus sistemas educativos, y del aporte de sus científicos y creadores en el competitivo mundo de la globalidad. El éxito empezará a llegar cuando se desarrollen mejores mentes, se exporten productos con un mayor valor agregado y no se sigan aplicando las ideas absurdas de regresarnos al pasado y hacernos depender de la producción de materias primas y manufacturas obsoletas.
Esa asignatura pendiente es la única que podrá ayudarnos a rebasar la ancestral mediocridad, donde hoy se encuentra una población agobiada por la fatalidad en sus distintas manifestaciones, y víctima cotidiana del cinismo, la mentira y la deshonestidad en grado extremo.
Ingeniero civil, profesor de tiempo completo en la UAEM.
juancuencadiaz@hotmail.com
