Según la información publicada en días pasados, tres de las obras emblemáticas del presidente de la República han excedido sus costos en 468 mil 159 millones de pesos.
En la opinión de los expertos, esto se debe a errores en el cálculo de las respectivas inversiones, en la mala planeación y ejecución de los proyectos, además del manejo opaco y nula rendición de cuentas del dinero gastado, con el pretexto de así proteger la seguridad nacional. De ahí los aumentos referidos en la citada nota, al pasar el Tren Maya de 186 mil 753 millones de pesos en 2020, a los 514 mil 217 millones de pesos actuales; la refinería de Dos Bocas, de 190 mil 928 millones de pesos en 2019, a 308 mil 563 millones de pesos, y los 92 mil 940 millones de pesos originalmente asignados al Aeropuerto Felipe Ángeles, aumentados este año a 116 mil millones de pesos.
Y mientras el derroche en este tipo de caprichos se incrementa con toda impunidad, otras noticias corroboran el contraste, derivado de la austeridad impuesta a varios asuntos sumamente prioritarios para el país, como son, entre muchos otros, salud, justicia, seguridad y educación.
Precisamente en esto último, es muy grave el panorama expuesto hace poco por el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES), en el sentido de que el déficit en las sedes públicas de este nivel puede exceder pronto los 30 mil millones de pesos, pues mientras la matrícula ha crecido casi en un 11 por ciento durante la presente administración, el presupuesto ha disminuido en un 4 por ciento, además de haberse suspendido una serie de apoyos extraordinarios y un fondo federal establecido en la Constitución, destinados a actividades académicas, construcción de infraestructura y mantenimiento de equipos. Si los recursos no llegan, el funcionario habló incluso de la posible desaparición de un conjunto de estos centros escolares, debido a su situación próxima a la quiebra, afectando con ello a “decenas de miles de estudiantes”.
Con una población dependiente de gobiernos catastróficos, México enfrenta hoy numerosos problemas, en perjuicio del presente y el futuro de múltiples generaciones. En contra del mentiroso discurso oficial, la magnitud de la tarea pendiente es enorme, si en realidad se quiere construir una nación moderna y progresista, donde los beneficios de la justicia social no se limiten a recibir las migajas de los perversos programas electoreros, encauzados a traficar con las esperanzas y la ignorancia de la gente.
Uno de los temas en que se requiere dar la batalla decisiva es el de la educación, pues la gran cantidad de rezagos no podrán atenderse en forma adecuada si le permite al régimen seguir en la línea de despreciar la capacitación intelectual, cultural y profesional de las y los mexicanos, negando los apoyos necesarios. Como factores de movilidad innegable, estos atributos constituyen la mejor manera de superación personal, familiar y social, y su contribución es determinante en el esfuerzo por acelerar el desarrollo y revertir la lamentable condición de tantos damnificados.
Corregir esta situación de rechazo y desinterés es imperativo. Por eso, la comunidad y autoridades de las universidades públicas, y la población en general, están obligadas a ejercer sus derechos, oponiéndose al despropósito.
Dignificar la causa implica no permitirle a ningún político retrógrado dañar las funciones sustantivas y el patrimonio de estas casas de estudio, recurriendo a las conocidas estrategias de demagogia, hipocresía y corrupción.
Ingeniero civil, profesor de tiempo completo en la UAEM.
