En diversos temas se viven tiempos muy difíciles en el país, y uno de ellos se refiere a la criminal destrucción del entorno, llevada a cabo o permitida por gobernantes nefastos.
Desde luego, las cosas empeoran en las poblaciones subdesarrolladas, cuando lo raquítico de sus valores y los bajos niveles educativos no les permite tener una conciencia plena acerca de los actos realizados en contra de la naturaleza. Incluso, el atraso y la ignorancia se traducen en apatía, en el desinterés por organizarse y buscar en conjunto el bien común, exigiéndole a los liderazgos políticos un desempeño correcto, con visión de futuro y apegada a un progreso sostenible.
Por eso, a pesar de la drástica alteración del medio, los procesos de devastación continúan agravando el problema, específicamente en lo relacionado con el cambio de los climas locales o regionales, el aumento de los gases tóxicos en la atmósfera, la escasez del agua y la desaparición de los ecosistemas. Cuidar y hacer respetar el lugar donde se habita es un deber de todas las personas, de cualquier edad y condición social, pues su deterioro no sólo repercute en enfermedades y una defectuosa calidad de la vida, sino contribuye también a agudizar los daños causados a un mundo cada vez más decadente.
En este sentido, dentro de la extensa serie de calamidades, destaca ahora la construcción del llamado Tren Maya, identificado por quienes le han dado seguimiento al proyecto, expertos y comunicadores independientes, como el símbolo de la ilegalidad y el capricho, del dispendio, la corrupción y el ecocidio. A pesar de haber sido ya inaugurado oficialmente en algunos de sus tramos, la deficiente operación mostrada en estos días aleja el cumplimiento de la promesa presidencial, en cuanto a potenciar con la maquinita la industria turística, generar derrama económica, incrementar la conectividad en la península yucateca y mover carga y pasajeros de una manera eficiente.
Por el contrario, en cuanto los trabajos empezaron y las mentiras de no ocasionar perjuicios mayores fueron evidentes, grupos de la sociedad civil y organizaciones de ambientalistas nacionales e internacionales, con el apoyo del propio sistema judicial, expresaron su oposición con denuncias bien documentadas, porque, de inicio, no existían los permisos para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, ni las manifestaciones de impacto ambiental adecuadas. Sin embargo, al imponerse el “interés nacional”, a lo largo de casi 1,550 kilómetros, atravesando cinco estados, se han perdido extensas superficies de alta riqueza biológica, importantes para la conservación y protección de la Selva Maya, del acuífero y la biodiversidad, dañando a cientos de especies animales y talado más de diez millones de árboles.
En las recientes fotos y videos dados a conocer, referentes al Tramo 5, de Cancún a Tulum, se exhiben las afectaciones a varios kilómetros de selva, a decenas de cenotes, cuevas y ríos subterráneos, con rellenos en formaciones milenarias y pilotes de soporte, algunos ya agrietados. En cuanto al tipo de suelo, la presencia del fenómeno de karsticidad en ciertas zonas puede ser causa, por los efectos del peso y la vibración, de hundimientos del terreno y derrumbes repentinos de cavernas.
Según cálculos del Instituto Mexicano para la Competitividad, las consecuencias financieras de la fantasía son también muy graves: con lo asignado este año, el costo ascendería a 511.2 mil millones de pesos, monto mayor en 228 por ciento al presupuesto original de 156 mil millones de pesos.
Ingeniero civil, profesor de tiempo completo en la UAEM.
