Según la organización Artículo 19 y la Federación Internacional de Periodistas, México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer esta actividad, como lo demuestran los 47 asesinatos registrados en el presente sexenio.
Las represalias hacia quienes difunden información y opiniones incomodas al poder tienden a incrementarse, y pueden ir desde amenazas, demandas judiciales y campañas difamatorias, hasta la violencia física y el homicidio. En el actual régimen, la retórica de funcionarios y cortesanos ha creado un clima de hostilidad creciente, dedicado a la generalidad de los profesionales independientes de los medios de comunicación.
Apenas hace unos días, el presidente reveló en una de sus “mañaneras” el teléfono de una periodista del diario New York Times, sólo porque no le gustaron sus preguntas contenidas en una carta cuestionario entregada a su oficina de Comunicación Social, sobre posibles vínculos de personas cercanas a él con cárteles de la droga, descubiertos después de haber asumido el cargo, en diciembre de 2018.
Al preguntarle la reportera de Univisión si había cometido un error al divulgar esos datos personales y de violar la respectiva ley de privacidad, su respuesta fue negarlo, afirmando que por encima de esa ley está la autoridad moral y política. También se le cuestionó si volvería a presentar un teléfono privado de alguien del gremio, y la contestación fue afirmativa, por tratarse, dijo, de un asunto donde está de por medio su dignidad.
Desde luego, la molestia del personaje ha puesto nuevamente en el centro de sus conferencias la descalificación a los comentaristas críticos, acusándolos de mercenarios, de sentirse bordados a mano, como una casta divina, privilegiada, y hasta les pidió bajarle una rayita a su prepotencia. No obstante, el apoyo a la prensa libre se sigue manifestando, nacional e internacionalmente, y quizá las investigaciones acerca del presunto financiamiento ilegal pronto tengan evidencias irrefutables y un soporte jurídico muy superior al de los largos y desgastados discursos oficiales.
Otra muestra de abuso de poder y cinismo se deriva de lo ocurrido en agosto de 2020, cuando el periodista Carlos Loret de Mola, de la empresa Latinus, dio a conocer una grabación en la cual aparece el señor Pío López Obrador recibiendo dinero en bolsas y sobres de papel, supuestamente para las campañas de su hermano. Lo absurdo es que ahora, por la vía judicial y después de nada haber desmentido de ese reportaje, este individuo quiere de dichos actores una indemnización de 400 millones de pesos, alegando “daño moral”.
La libertad de expresión está en peligro, mientras se sigan radicalizando las burlas, agresiones y persecución hacia quienes no se unen al coro de alabanzas y se atreven a exhibir los errores y corruptelas de un mal gobierno. Cambiar esto no se logrará con la continuidad de un sistema autoritario, de costosas ocurrencias y sin contrapesos efectivos, sino con un liderazgo consciente de su elevada responsabilidad, dispuesto a honrar la investidura y acatar los principios establecidos en la Constitución.
Por eso, es indispensable contar con un periodismo auténtico, defensor de las instituciones y de los legítimos intereses de la sociedad. Una cultura cívica del mayor nivel necesita de una línea de información comprometida con la verdad, de condena y denuncia ante los excesos y desviaciones del poder, capaz de generar entre la ciudadanía una mentalidad analítica, orientada a darle fortaleza y un rumbo correcto a la vida democrática.
Ingeniero civil, profesor de tiempo completo en la UAEM.
