La semana pasada, embajadores y cónsules acreditados en el exterior fueron convocados en Palacio Nacional, para escuchar el reporte presidencial acerca de la situación del país.
Con base en estos datos, se les pidió a los asistentes dar a conocer los principales logros del gobierno, y así poner el alto el nombre de un México más fuerte de lo que era en 2018, según la percepción oficial.
Sin embargo, hacer creíble el mensaje no será nada fácil, pues en un mundo donde la información es abundante y mayoritariamente objetiva, en el extranjero deben estar enterados de los numerosos problemas derivados de nuestra condición de catástrofe, motivo de retrocesos y de afectar el presente y el futuro de múltiples generaciones. En contra del discurso falaz, allá seguramente comprenden la necesidad de corregir el rumbo, si la aspiración es construir una nación moderna, progresista y en paz, con un concepto de justicia social contrario al de otorgar migajas a cambio de fortalecer los perversos programas clientelares.
Tarea bastante complicada será poner como ejemplo la forma de enfrentar la pandemia del Covid-19, usando el “detente” y negando la efectividad de las medidas sanitarias, el aislamiento y el uso del cubrebocas, con el resultado de haberse alcanzado cifras superiores a los 800 mil fallecimientos. O bien, el número de víctimas mortales, calculado del orden de 200 mil, muchas de ellas niños y ancianos, debido a la destrucción del sistema de salud y al desabasto de medicamentos.
Imposible presumir de exitosa la absurda estrategia de seguridad, consistente en dar abrazos a los delincuentes, si eso se ha traducido en el sexenio de mayor violencia en la historia reciente, con más de 175 mil homicidios dolosos y feminicidios, y de 43 mil desaparecidos. No puede ocultarse el acelerado deterioro de la vida comunitaria en una gran parte del territorio nacional, la angustia y el sufrimiento de la gente por el clima de riesgo, ante la ausencia de autoridad y el predominio de las organizaciones criminales, también dedicadas al tráfico humano, el secuestro y la extorsión, entre otras actividades ilícitas.
Y cómo ufanarse del uso del dinero público, cuando miles de millones de pesos se derrochan en obras no rentables y sumamente costosas, en perjuicio del mantenimiento y construcción de la infraestructura efectivamente necesaria. Se tienen así un aeropuerto cuya operación depende de elevados subsidios, una refinería que no produce ni un litro de gasolina, y un tren a un costo altísimo, ya excedido en cuatro o cinco veces el monto original, causante de la devastación de la selva maya, con millones de árboles talados y graves daños ambientales. Todo esto con absoluta opacidad, sin rendir cuentas a nadie de los contratos sin licitar y con un tráfico de influencias merecedor de prisión perpetua.
Por desgracia, los motivos de orgullo son escasos, pues en la triste realidad una larga lista de errores ha debilitado la ética y el sentido de responsabilidad en el servicio público. Es decir, predomina ahí una crisis de valores, estimulada por una clase política más preocupada por dividir a la sociedad, adueñarse del poder y de los presupuestos, para beneficio propio y el de parientes, amigos e incondicionales.
La práctica recurrente del capricho, la soberbia y el desprecio a las leyes y normas morales alcanza ya un nivel superior de descomposición, al persistir en las malas decisiones, no aceptar la culpabilidad por los pésimos desempeños y con burdas mentiras pretender justificar los hechos deshonrosos y condenables.
Ingeniero civil, profesor de tiempo completo en la UAEM.
