Uno de los actos más condenables de un gobierno es el desprecio a los derechos fundamentales de la niñez.
En la realidad mexicana la corrupción, ineptitud e ideología del sector oficial se manifiestan en un sinnúmero de adversidades, y una de ellas consiste en propiciar el trabajo y la explotación infantil, como consecuencia de las condiciones de pobreza y marginación de los grupos vulnerables. A pesar de existir leyes que prohíben e imponen severas restricciones al empleo de menores, en general esto sigue en aumento, y son pocos los lugares donde se registran algunos cambios positivos.
Con los criterios electoreros actuales el panorama se complica, pues el tema dista mucho de tener el carácter de prioritario. Es decir, al no aportarle votos al populismo por no ser parte de la clientela, muy poco o nada importa proteger a las y los pequeños de los abusos, tampoco atender su salud ni cumplir oportunamente con los programas de vacunación, y menos darles una educación moderna y de calidad, ante el riesgo de preparar ciudadanos pensantes, productivos, críticos e independientes.
Para corroborarlo, ahí están los resultados de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022, del INEGI, publicados hace unos días en este diario, los cuales muestran un incremento de la población incluida entre los 5 y 17 años de edad, participando en diversas formas de trabajo no permitidas, al pasar de 3.3 millones en 2019 a 3.7 en 2022. Dichas formas se refieren a la producción de bienes y servicios destinados al mercado, o en actividades en áreas económicas, realizadas en condiciones no adecuadas o de peligro. Entre las entidades con las peores estadísticas destacan Guerrero, Chiapas, Nayarit, Oaxaca y Michoacán, mientras que las tasas menores se ubicaron en Baja California, Coahuila y la CDMX.
Sin embargo, el problema parece tener una mayor gravedad, y con ello las cifras adversas crecerían, si se toman en cuenta las conclusiones de un informe reciente, elaborado por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, con respecto a los peores modos de ocupación infantil en México.
Se identificaron ahí desde las extenuantes jornadas en la agricultura, causantes de enfermedades intestinales y dermatológicas, aunado a una convivencia insalubre por el hacinamiento, hasta la explotación sexual, en ocasiones derivada de la trata de personas.
Pero lo más preocupante del reporte es la participación de los cárteles y agrupaciones del crimen organizado, dedicados a reclutar niños y adolescentes de las zonas rurales. Por el hecho de ser considerados un recurso humano manipulable, prescindible y de bajo costo, los chicos son incorporados a esas estructuras y luego se emplean como espías o vigilantes de casas de seguridad, en ejecuciones y ataques armados contra autoridades y bandas rivales, o en la producción, transporte y venta de drogas.
Obviamente, el fenómeno se favorece por varios factores, donde se suman lo irracional en el uso del gasto público; el despilfarro en publicidad y en los programas asistenciales destinados a comprar elecciones; la falta de oportunidades debido al deterioro de la economía; los elevados niveles de violencia e inseguridad permitidos y, en síntesis, la incapacidad para resolver las necesidades de la población.
La magnitud de la tragedia es sumamente grave, y sus orígenes debieran eliminarse sin demora. El mejor futuro de la nación no puede basarse en la negativa a los derechos básicos de la infancia, en la falta de respeto a su dignidad, ni en el daño a su desarrollo físico, mental, familiar y social.
Ingeniero civil, profesor de tiempo completo en la UAEM.
