Las tragedias siguen ocurriendo en este sufrido México, a costos muy altos para la mayoría de la población.
Ahora fue en el puerto turístico de Acapulco y su zona conurbada, donde decenas de personas perdieron la vida, otras están heridas o desparecidas, y las construcciones, infraestructura, servicios y otros bienes resultaron devastados o severamente dañados, a consecuencia del paso del huracán Otis, de categoría 5, la máxima en este tipo de fenómenos.
Hacia el final del día 24 de octubre el siniestro llegó a tierra, con una extraordinaria potencia y capacidad destructiva, alcanzando el viento velocidades máximas de 270 km/h. El Centro Nacional de Huracanes, en Miami, monitoreó y reportó durante varias horas el aumento en la intensidad del ciclón, desde que estaba a 605 kilómetros de la costa y era tormenta tropical, hasta advertir sobre la posibilidad de un escenario de pesadilla.
Sin embargo, el gobierno no entendió la emergencia, no aprovechó el tiempo disponible y tampoco transmitió de inmediato la alerta extrema, recurriendo a todos los medios de comunicación disponibles y ordenando acelerar los protocolos de protección del Ejército y la Marina, a fin de movilizar a refugios y lugares más seguros a la población, al turismo y a quienes todavía se encontraban en el mar, sin saber de la magnitud del peligro.
Obviamente, esta irresponsabilidad también se ha negado, y la justificación es haber enviado un tuit desde Palacio Nacional, a las 8:25 de la noche del 24, avisando a la población del pronóstico, exhortándola a no confiarse y refiriendo la puesta en marcha del Plan DN-III-E. Algo en realidad absurdo, pues la gente de la zona ninguna obligación tenía de consultar y estar al pendiente de esa red social, y menos ante un mensaje insuficiente y tardío, sin el indispensable sentido de gravedad y urgencia.
Vinieron en seguida las carencias, la desesperación y el caos, sin que se tuviera una reacción pronta y debidamente coordinada por parte de los tres niveles de gobierno. Para colmo, apareció el saqueo, la rapiña y los actos de pillaje, incluso de grupos y bandas organizadas, en tiendas, gasolineras, cajeros automáticos, casas habitación y muchos otros comercios. Todo esto en presencia de las policías municipal y estatal, de soldados y marinos, quienes por lo visto tienen instrucciones de dejar el campo libre a la delincuencia.
Por supuesto, la tardanza de la ayuda oficial, la desorganización y el sentimiento de abandono de los miles de afectados contrasta con lo ocurrido en octubre de 1997, cuando el huracán Paulina también dañó fuertemente Acapulco. Entonces, el presidente Zedillo suspendió una gira y voló inmediatamente de Alemania hacia el puerto, y ahí permaneció junto con integrantes de su gabinete durante varios días, al pendiente de los trabajos de reconstrucción y dando apoyo, confianza y aliento a las víctimas.
Pero estos no son iguales, y por eso su ineptitud y falta de sensibilidad la encubren con demagogia, propaganda, soberbia e insultos a periodistas y medios informativos que reportan la realidad y exhiben las incompetencias de un gobierno ampliamente rebasado y sin respuestas apropiadas.
Las evidencias abundan, y como muestra ahí están la decisión de acaparar y distribuir la ayuda pública y privada a través de la Sedena; hablar de tener suerte por haber menos de 50 fallecidos; mostrarse en condición de damnificado dentro de un vehículo atrapado en el lodo, o presentar en la “mañanera”, horas después de la desgracia, los resultados de una encuesta, donde el presidente es el segundo más popular del mundo.
Ingeniero civil, profesor de tiempo completo en la UAEM.
