Esta semana, justo en el momento más complejo de la pandemia, cuando el cuidado de la salud a través del confinamiento origina un fuerte choque con la situación económica, laboral y social de millones de personas que no pueden trabajar o generar sus fuentes cotidianas de ingreso, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México se pronunció a favor de la protección de una de las prerrogativas esenciales de la humanidad: el derecho a la educación, pues la instrucción pública es una herramienta indispensable para el progreso de la Humanidad.
Tal como lo ha referido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, “la educación desempeña un papel decisivo en la emancipación de la mujer, la protección de los niños contra la explotación laboral, el trabajo peligroso y la explotación sexual, la promoción de los derechos humanos y la democracia, la protección del medio ambiente y el control del crecimiento demográfico”, y es esencial para frenar la pandemia causada por el COVID-19.
En el mundo, 1,200 millones de estudiantes enfrentan el cierre de sus escuelas; en México son 37 millones, y en la entidad 4.8 millones: niñas, niños, adolescentes y jóvenes ven mermada la calidad de su educación. Sí, el derecho humano a la educación está siendo seriamente afectado por la pandemia de COVID-19.
Lejos de que el cierre de escuelas pueda verse como un freno para la construcción de sociedades igualitarias, respetuosas de los derechos humanos y resilientes, es una oportunidad para que resignifiquemos los procesos de enseñanza-aprendizaje alternativos; es sustancial transformar la visión de que la tarea de enseñar solo puede efectuarse de forma presencial y que solo corresponde a maestros y maestras, es momento de retomar el valioso papel de las madres y los padres de familia participando de forma activa.
Al resignificar el proceso de enseñanza-aprendizaje también se abre otra oportunidad para reducir las brechas de desigualdad y exclusión que han persistido por décadas, a fin de que miles de niños y niñas y jóvenes accedan a la educación de calidad; por ello, la Codhem también ha hecho un llamado a las instituciones de educación privadas a considerar solidariamente, la reducción de los costos de las colegiaturas, sin que ésta vulnere los derechos laborales del personal docente y administrativo.
Respetuosamente, hemos exhortado a las autoridades del ramo educativo estatal a observar los 12 puntos del pronunciamiento público emitido por la Defensoría de Habitantes, y alentamos a la Secretaría de Educación del gobierno estatal a aceptar y dar cumplimiento a la Recomendación General 1/2020 sobre la Atención a la Pandemia por COVID-19 con perspectiva de Derechos Humanos, haciendo votos para que en el Estado de México el derecho humano a la educación sea garantizado de manera plena, inclusiva y con igualdad.
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
FB y Tw: @JorgeOlveraG
