El Consejo Coordinador del Estado de México (CCEM), confió en que los trabajos del Parlamento Abierto que se realizan actualmente en el Congreso local no se vean interrumpidos con el relevo de sus integrantes que se efectuará este 5 de septiembre.
Durante una conferencia de prensa presencial y virtual, Laura González Hernández, presidenta de dicho organismo empresarial, indicó que quedan propuestas pendientes del sector para la próxima Legislatura local, por lo que esperan un debate de altura y no de lucha política.
“La próxima Legislatura local deberá trabajar en una agenda que considere al ciudadano como prioridad, poniéndolo en el centro de todas sus decisiones, conformando un debate de altura y no de lucha política por el poder, con resultados medibles y transparentes”, enfatizó.
Asimismo, consideró que el Parlamento Abierto iniciado por la Legislatura saliente, deberá ser un ejercicio indispensable y permanente, que funcione los próximos tres años, con una estructura definida y paralela al Congreso de la Unión.
De igual forma, la representante empresarial hizo un llamado a transparentar el ejercicio de los próximos legisladores locales, como ya ocurre con la Cámara de Diputados Federal.
“Debemos tener disponible toda clase de estadísticas a través de herramientas tecnológicas para evaluar resultados y avances del Poder Legislativo, tales como: asistencias, participaciones, votaciones e iniciativas”, subrayó.
También recordó que como organismo empresarial han conformado una Comisión de Enlace Legislativo, la cual trabajará muy de cerca con los próximos legisladores de manera objetiva y plural.
“Estaremos agendando reuniones con los coordinadores de los grupos parlamentarios para integrar los temas económicos y laborales en los trabajos de la nueva Legislatura, teniendo como punto de partida lo que hemos planteado a través del Parlamento Abierto”, señaló.
González Hernández destacó la importancia de que la entidad compita por las grandes inversiones, ofreciendo las mejores condiciones y sin obstáculos, como la corrupción, inseguridad, falta de certeza jurídica, así como el deterioro de la infraestructura, principalmente de las zonas y los parques industriales.
