Tras lamentar que la política de austeridad y el combate a la corrupción que pregona el Gobierno Federal no esté dando resultados esperados ni en competitividad, servicios o ampliación de oportunidades para el grueso de la población, Gilberto Javier Sauza Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), advirtió que dicha situación se agravará con los estragos que está dejando el Covid-19.
El representante empresarial también mostró su preocupación por la reducción del 7.4 por ciento real anual en las participaciones federales que deberían estar llegando a los 32 estados.
Por ejemplo, dijo, el rubro de educación recibió 5.34 mil millones de pesos menos en su gasto, y seguridad pública tuvo un recorte de 2.84 mil millones de pesos, aunque se trata de sectores que son indispensables para el bienestar de la población y que tienen un impacto prioritario.
“Lejos de que como ciudadanos aplaudamos estas medidas, consideramos que estas decisiones se convierten en claros actos de irresponsabilidad”, enfatizó el presidente del Concaem.
De acuerdo con el análisis de la cuenta pública 2019, realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la reducción más significativa que se ha hecho es en lo relacionado a inversión productiva, situación que a su paso deja además menos empleo, disminución en la generación de riqueza y resta atractivo para el país a la llegada de la inversión nacional y extranjera.
Austeridad no es eficiencia
Sauza Martínez subrayó que se ha visto en los últimos años que el concepto de austeridad de la administración federal no ha sido sinónimo de eficiencia, porque no ha contribuido al bienestar, ni al desarrollo del grueso de la población.
“Aunque lo deseable, es que se haga un ejercicio responsable y efectivo del gasto público, hasta el momento el actuar de la administración federal en materia económica se vislumbra más como un discurso que como una realidad”, indicó.
Pidió tomar en consideración que el tema no es cercenar el gasto para abanderar una política de ahorro, sino hacer una inversión eficiente que genere a su vez empleo, salud, educación y seguridad para la población, que son las necesidades primordiales de cualquier sociedad.
Finalmente dijo que uno de los grandes riesgos que se tiene ahora es la libertad que se pretende dar al Ejecutivo federal para la reasignación de recursos que habían sido previamente etiquetados.
