Tlalnepantla, México.- La Unidad habitacional Los Rosarios es considerada la más grande de su tipo en Latinoamérica. Fue construida hace 46 años y viven alrededor de 70 mil familias. Se ubica entre el municipio de Tlalnepantla y la alcaldía de Azcapotzalco.
La inseguridad es cosa de todos los días en los pasillos de estos edificios multifamiliares. Robos y hasta ejecuciones son muestra de la descomposición social existente, no solo ahí sino en el resto de la sociedad del valle de México.
En enero de este año, dos mujeres fueron acribilladas en el tianguis que se instala en la unidad. Según la versión de las autoridades, las víctimas -quienes eran comerciantes- caminaban entre los puestos ambulantes cuando fueron baleadas. No hubo detenidos.
El pasado mes de septiembre, un hombre fue asesinado en el área de estacionamientos. En el sitio del crimen se contabilizaron al menos 10 casquillos percutidos. La policía no descartó que se trató de un ajuste de cuentas.
Estos casos solo ilustran parte de los delitos cometidos a diario en el lugar, por ende las autoridades buscan prevenir delitos.
La alcaldesa de Tlalnepantla Denisse Ugalde afirma que como en todos los conjuntos habitacionales de la localidad, los vecinos no tienen constituidas sus mesas de administración; por lo tanto no hay una corresponsabilidad.
Señala que en estas zonas la cultura de paz y la solución pacífica de conflictos es el mejor camino, antes de que estos terminen ante un juez y muchas veces hasta en el panteón.
“Las faltas administrativas que se registran en su municipio -señala la presidenta municipal de Tlalnepantla- coinciden con la Encuesta Nacional de la percepción urbana donde los habitantes perciben la violencia en sus comunidades, por eso la cultura cívica esta estrechamente relacionada con la delincuencia”.
Próximamente -dijo- habrá una ley a nivel nacional de justicia cívica que obliga a los gobiernos estatales a tener su propia legislación.
“Nosotros en Tlalnepantla, estamos muy avanzados porque tenemos un centro de mediación y personas certificadas, hemos estado trabajando con la justicia itinerante que es lo que marca la ley, a través de una unidad móvil de la oficialía calificadora, donde llevamos
