El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) prepara una propuesta de Ley de Amnistía del estado de México que beneficie a personas acusadas de delitos por sus condiciones socioeconómicas, origen étnico género, edad, discapacidades, o sus opiniones, a quienes han sido condenadas al olvido en prisión, y abrir el camino para despenalizar el aborto.
La directora de ese centro, Fabiola Vite explicó que la iniciativa, que será presentada en unos días, tiende más a las personas que a un catálogo de delitos, pues busca dignificar a quienes les impartieron justicia de manera ilegal y arbitraria; por lo cual impulsan que la norma no sea una réplica de la federal, sino más amplía y garante y convocan a personas y familiares de quienes han sido víctimas de injusticias a sumarse.
Las categorías que buscan incluir en la ley para que sean beneficiadas con la amnistía son: personas sospechosas de sufrir discriminación, cuando existan condiciones que lleven a pensar que están en prisión por determinadas características de vulnerabilidad.
El CDHZL ha encontrado que a hombres jóvenes, pobres, de colonias populares, quienes pueden incluso padecer alguna enfermedad psicosocial, pertenecer a un pueblo o comunidad indígena les han sido fabricado delitos, sobre todo de alto impacto.
También podrían verse beneficiadas personas mayores con enfermedades degenerativas, las cuales están en mayor vulnerabilidad ante la pandemia; así como mujeres presas por una posible discriminación de género, pues generalmente no delinquen solas, o porque se les ocurrió; sino orilladas por su pareja, familiar o por alguien que ejerce cierto poder sobre ellas.
Otra categoría son las personas condenadas al olvido, es decir, quienes viven un proceso, víctimas de prisión oficiosa desde el sistema inquisitorio, pero no se ha podido avanzar en su caso porque no han podido notificar; así como mujeres acusadas de aborto, aunque el objetivo es despenalizarlo y legalizar la interrupción del embarazo.
Señaló que buscan incluir artículos adicionales para tener una ley más amplia, robusta y garante, y no solo el catálogo que señala la ley federal.
Otro cambio es que la comisión dependiente del Ejecutivo, prevista en la Ley federal, para analizar los casos susceptibles de amnistía no dependa de las autoridades porque han quedado a deber, sino se quede en el ámbito legislativo e integre opiniones de actores de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, expertos internacionales como la oficina del alto comisionado de la ONU en México y la Comisión de Derechos Humanos estatal para revisar caso por caso.
El Centro busca una ley que sirva y que vaya más allá de la norma federal, pues ha denunciado que existe una alta preferencia por la imputación de delitos graves o de alto impacto, como se observa en el último informe de la Fiscalía General de Justicia, donde resalta los autos de vinculación y las condenas por esos ilícitos.
Explicó que existe una práctica de torturas, tratos crueles e inhumanos y casos de personas jóvenes que salen a caminar por su colonia y eso lo hace susceptibles de ser detenidos y acusados de un delito que no cometieron
“Hay una estigmatización a hombres jóvenes en edad productiva, de colonias populares porque son las personas que menos tendrían acceso a una adecuada defensa y cuando acceden a un defensor de oficio normalmente les proponen un juicio abreviado, lo que significaría reconocer una culpabilidad que no tienen”.
Sostuvo que han documentado esa estigmatización de perfiles jóvenes, el 99% de comunidades populares, indígenas, con educación básica y secundaria trunca y trabajos no bien remunerados, algunos con enfermedades psicosociales, aunque la Fiscalía lo ha negado, los ha puesto en prisión y su salud ha decaído aún más.
El Centro ya ha platicado con algunos diputados y prevén hacer un llamado a hacer un respaldo a la amnistía que sirva y atienda a personas y el contexto del estado de México de presentación de cifras que justifican más ingresos.
