/ sábado 11 de mayo de 2019

Abogados especializados brindan asesoría gratuita a mexiquenses

Pueden patrocinar juicios en materia penal, civil, mercantil y familiar, y operan desde los ministerios públicos, juzgados y salas especializadas

En el Estado de México el acceso a contar con asesoría y patrocinio legal está abierto a todas las personas, especialmente a quienes carecen de recursos económicos para contratar a un abogado y para ello, existe el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México.

Su objetivo central es brindar información, orientación y asesoría legal especializada en todas las materias a las personas que tengan alguna duda o problema legal.

Para ello, es necesario acudir a alguna de las tres direcciones regionales del Instituto, ubicadas en Toluca, Tlalnepantla y Ecatepec, la más cercana al domicilio del interesado, para recibir la asesoría de parte de uno de los especialistas adscritos a esta área, la cual se brindará de manera gratuita.

En la oficina más cercana al domicilio de la persona que acuda por ayuda legal existe un módulo de recepción, en donde un servidor público tomará sus datos generales y lo canalizará con el defensor público capacitado para brindarle la asesoría jurídica en el tema específico que requiera.

También existe la opción de agendar una cita vía internet, para el día y hora que más convenga a quien necesita orientación, sólo tienen que ingresar a la dirección http://www.sggedomex.gob.mx/citas_idp/ y llenar un formato muy sencillo que sólo pide nombre completo, sexo y fecha de nacimiento.

El Instituto de la Defensoría Pública también ha instrumentado un chat para que todas las personas que requieran algún tipo de orientación puedan hacer una consulta en tiempo real, los cuales se llevarán a cabo de 11:00 a 13:00 horas en los días que establece el calendario publicado en la página idp/edomex.gob.mx/calendario.

Los defensores públicos están capacitados para atender juicios en materia penal, civil, mercantil y familiar, y acompañan a las personas que requieren sus servicios en Ministerios Públicos, Juzgados y Salas en los 18 distritos judiciales en que está divido el Estado de México.

Los defensores públicos están obligados a sujetarse a la normatividad aplicable para el ejercicio de sus funciones; además de conducirse con independencia técnica; es decir, garantizar que no existan intereses contrarios o ajenos a la defensoría pública; respetar la gratuidad de sus servicios; asegurarse de contar con los instrumentos necesarios para garantizar a sus representados la igualdad y equilibrio procesal.

Asimismo, conducirse con responsabilidad profesional para realizar un trabajo profesional y eficiente; buscar la solución a los conflictos acompañando a las personas en los procesos de conciliación, mediación y arbitraje; garantizar la confidencialidad de la información que le brinde el usuario; dar continuidad a los trámites; así como asumir la obligación de brindar una defensa adecuada una vez que ha sido designado abogado del ciudadano.

Entre los temas específicos que asesora un defensor público están los casos de divorcio, la guarda y custodia de los hijos, el reconocimiento legal de los hijos, juicios de pensión alimenticia; así como temas relacionados con propiedades y negocios.

Además, de patrocinar a las personas que deban enfrentar un juicio, sin importar si son o no responsables de cometer un delito, pues el propósito es que cuenten con un juicio justo e imparcial.

En el Estado de México el acceso a contar con asesoría y patrocinio legal está abierto a todas las personas, especialmente a quienes carecen de recursos económicos para contratar a un abogado y para ello, existe el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México.

Su objetivo central es brindar información, orientación y asesoría legal especializada en todas las materias a las personas que tengan alguna duda o problema legal.

Para ello, es necesario acudir a alguna de las tres direcciones regionales del Instituto, ubicadas en Toluca, Tlalnepantla y Ecatepec, la más cercana al domicilio del interesado, para recibir la asesoría de parte de uno de los especialistas adscritos a esta área, la cual se brindará de manera gratuita.

En la oficina más cercana al domicilio de la persona que acuda por ayuda legal existe un módulo de recepción, en donde un servidor público tomará sus datos generales y lo canalizará con el defensor público capacitado para brindarle la asesoría jurídica en el tema específico que requiera.

También existe la opción de agendar una cita vía internet, para el día y hora que más convenga a quien necesita orientación, sólo tienen que ingresar a la dirección http://www.sggedomex.gob.mx/citas_idp/ y llenar un formato muy sencillo que sólo pide nombre completo, sexo y fecha de nacimiento.

El Instituto de la Defensoría Pública también ha instrumentado un chat para que todas las personas que requieran algún tipo de orientación puedan hacer una consulta en tiempo real, los cuales se llevarán a cabo de 11:00 a 13:00 horas en los días que establece el calendario publicado en la página idp/edomex.gob.mx/calendario.

Los defensores públicos están capacitados para atender juicios en materia penal, civil, mercantil y familiar, y acompañan a las personas que requieren sus servicios en Ministerios Públicos, Juzgados y Salas en los 18 distritos judiciales en que está divido el Estado de México.

Los defensores públicos están obligados a sujetarse a la normatividad aplicable para el ejercicio de sus funciones; además de conducirse con independencia técnica; es decir, garantizar que no existan intereses contrarios o ajenos a la defensoría pública; respetar la gratuidad de sus servicios; asegurarse de contar con los instrumentos necesarios para garantizar a sus representados la igualdad y equilibrio procesal.

Asimismo, conducirse con responsabilidad profesional para realizar un trabajo profesional y eficiente; buscar la solución a los conflictos acompañando a las personas en los procesos de conciliación, mediación y arbitraje; garantizar la confidencialidad de la información que le brinde el usuario; dar continuidad a los trámites; así como asumir la obligación de brindar una defensa adecuada una vez que ha sido designado abogado del ciudadano.

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