La Auditoría Superior de la Federación (ASF) auditará la transferencia de 3 mil 600 millones de pesos que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hizo entre los años 2014 y 2017 al Estado de México.
Las presuntas irregularidades se refieren a la Concesión del tramo carretero de Chamapa-Lechería celebrada por la SCT y el Gobierno del Estado de México.
El abogado Paulo Díez Gargari dio a conocer la noticia, derivado de las denuncias que presentó para que se revisaran esos movimientos, a fin de conocer si pudo haber irregularidades en el manejo y administración de los recursos y si se cumplieron las disposiciones reglamentarias y administrativas.
El escrito de denuncia lo presentó los días 10 y 14 de noviembre del 2017 para pedir la auditoría, pero la respuesta fue negativa, pues el 16 de febrero del 2018 la Auditoría le informó que no se autorizó la revisión a la gestión financiera de la denuncia, pues en el análisis técnico jurídico la ASF concluyó que la denuncia no cumplía con lo establecido en la Ley de Fiscalización.
En contra de ese oficio, Díez Gargari interpuso un juicio contencioso administrativo federal, radicado en la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal de Justicia Administrativa en el expediente 7751/18-17-02-6 y el 30 de noviembre del 2018 esa autoridad declaró la nulidad del acto impugnado.
Adema, mandató a la ASF a emitir una nueva resolución debidamente motivada por los documentos y evidencias presentados por el abogado, y con base en los cuales presume el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos o de su desvío, y le ordenó resolver lo que en Derecho proceda.
La sentencia fue notificada del 7 de diciembre del 2018 y la ASF emitió el cumplimiento de sentencia, donde precisa que en las denuncias se advierte el señalamiento de presuntas irregularidades en la Concesión del tramo carretero de Chamapa-Lechería celebrada por la SCT y el Gobierno del Estado de México.
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