/ martes 23 de enero de 2024

Caso Texcaltitlán: Fiscalía del Edomex niega chantajes de grupos criminales

Desmienten que las siete personas recientemente localizadas tras el enfrentamiento, fueron liberadas a cambio de un rancho, como lo señala un publicación en medios de comunicación

A través de un comunicado la Fiscalía General de Justicia del Estado de México negó la información divulgada el pasado 22 de enero en diversos medios de comunicación. Dichps señalamientos aseguraban que la localización de siete personas vinculadas a los hechos del pasado 8 de diciembre en la comunidad de Texcapilla deriva de un chantaje por parte de un grupo criminal.

La publicación firmada por el periodista Raymundo Riva Palacio y difundida en medios masivos, sostiene que “Siete de 14 personas secuestradas en la comunidad de Texcapilla, en el sur del Estado de México, fueron liberadas por la Familia Michoacana tras privarlos de su libertad por su rebelión en diciembre contra el control absoluto de su vida, pero sólo después de que el gobierno mexiquense aceptó el chantaje de devolverle uno de los tres ranchos que le decomisó la administración anterior a la organización criminal. Las siete personas fueron liberadas a cambio de un rancho; faltan dos más”.

Tras esto, la Fiscalía detalló que por medio del comunicado de prensa con número 58/2024 divulgado el 17 de enero pasado, los servidores públicos de dicha Institución recibieron una llamada anónima en la que se refirió que una de las personas que había sido boletinada como desaparecida, de nombre Norma Esquivel Ortiz y otros individuos también reportados desaparecidos, se encontraban en las inmediaciones de una capilla ubicada en la comunidad de Raíces en Zinacantepec.

Posteriormente, se organizó una acción operativa en conjunto con la SEDENA la cual contó con la colaboración de la policía municipal de Zinacantepec para verificar la información recibida.

Asimismo, la FGJEM detalló que por exigencia de la investigación se omitió difundir la información de la llamada anónima misma que se habría realizado desde un lugar específico en los Estados Unidos de América por parte de una persona del entorno familiar de quienes estaban privados de la libertad.

Esta llamada fue recibida directamente al teléfono de quien es responsable de las investigaciones del caso y con quien de manera continua establece comunicación.

Con base en esto, recalcó que la información nunca provino de algún integrante de un grupo criminal por lo que se desechó la idea de una supuesta negociación, acuerdo o chantaje.

Aunado a esto, la Fiscalía aseguró que continúa con los procesos judiciales correspondientes para concretar la Extinción de Dominio o Declaratoria de Abandono respecto de la totalidad de los bienes que actualmente se encuentran asegurados y que así continuarán por su relación con diversas actividades ilícitas, en el marco de las acciones de combate a grupos criminales y a sus estructuras financieras.

Al final de dicho comunicado, la FGJEM destacó que de ninguna manera comparte la publicación de información sesgada, incompleta o direccionada que pretende confundir y nada aporta al derecho a la información veraz a la que todos estamos obligados para no interferir con el correcto desarrollo de las investigaciones.

A través de un comunicado la Fiscalía General de Justicia del Estado de México negó la información divulgada el pasado 22 de enero en diversos medios de comunicación. Dichps señalamientos aseguraban que la localización de siete personas vinculadas a los hechos del pasado 8 de diciembre en la comunidad de Texcapilla deriva de un chantaje por parte de un grupo criminal.

La publicación firmada por el periodista Raymundo Riva Palacio y difundida en medios masivos, sostiene que “Siete de 14 personas secuestradas en la comunidad de Texcapilla, en el sur del Estado de México, fueron liberadas por la Familia Michoacana tras privarlos de su libertad por su rebelión en diciembre contra el control absoluto de su vida, pero sólo después de que el gobierno mexiquense aceptó el chantaje de devolverle uno de los tres ranchos que le decomisó la administración anterior a la organización criminal. Las siete personas fueron liberadas a cambio de un rancho; faltan dos más”.

Tras esto, la Fiscalía detalló que por medio del comunicado de prensa con número 58/2024 divulgado el 17 de enero pasado, los servidores públicos de dicha Institución recibieron una llamada anónima en la que se refirió que una de las personas que había sido boletinada como desaparecida, de nombre Norma Esquivel Ortiz y otros individuos también reportados desaparecidos, se encontraban en las inmediaciones de una capilla ubicada en la comunidad de Raíces en Zinacantepec.

Posteriormente, se organizó una acción operativa en conjunto con la SEDENA la cual contó con la colaboración de la policía municipal de Zinacantepec para verificar la información recibida.

Asimismo, la FGJEM detalló que por exigencia de la investigación se omitió difundir la información de la llamada anónima misma que se habría realizado desde un lugar específico en los Estados Unidos de América por parte de una persona del entorno familiar de quienes estaban privados de la libertad.

Esta llamada fue recibida directamente al teléfono de quien es responsable de las investigaciones del caso y con quien de manera continua establece comunicación.

Con base en esto, recalcó que la información nunca provino de algún integrante de un grupo criminal por lo que se desechó la idea de una supuesta negociación, acuerdo o chantaje.

Aunado a esto, la Fiscalía aseguró que continúa con los procesos judiciales correspondientes para concretar la Extinción de Dominio o Declaratoria de Abandono respecto de la totalidad de los bienes que actualmente se encuentran asegurados y que así continuarán por su relación con diversas actividades ilícitas, en el marco de las acciones de combate a grupos criminales y a sus estructuras financieras.

Al final de dicho comunicado, la FGJEM destacó que de ninguna manera comparte la publicación de información sesgada, incompleta o direccionada que pretende confundir y nada aporta al derecho a la información veraz a la que todos estamos obligados para no interferir con el correcto desarrollo de las investigaciones.

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