El Tribunal Segundo de Distrito resolvió a favor de los vecinos de la comunidad otomí de San Andrés Cuexcontitlán el juicio de amparo número 1324/2017, que ordena al ayuntamiento de Toluca reponer el proceso de consulta para que la comunidad indígena decida la forma de administrar un pozo de agua potable instalado en la comunidad de Santa Rosa.
Así lo dieron a conocer, en conferencia de prensa, Juan Carlos González Díaz, abogado de la comunidad Otomí, Constantino Martínez García, presidente del Comité del Agua, José Esteban Sánchez González, representante de la comunidad y el delegado Juan García del Río, quienes nunca avalaron la decisión de que sea el ayuntamiento el que administre el pozo de agua.
Explicaron que ésta se tomó sólo entre las autoridades municipales y las autoridades auxiliares de la anterior administración, sin respetar lo establecido por los artículos 1 y 2 constitucionales en materia de derechos humanos, ni el convenio 169 sobre Pueblos Originarios y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que México ha firmado.
Acusaron a la administración de Fernando Zamora Morales de no convocar a una reunión previa, libre, informada, transparente, de buena fe y culturalmente adecuada a esa comunidad indígena otomí, por lo cual se manipuló a unos cuantos vecinos para aceptar que el pozo lo administrara el ayuntamiento en violación a su derecho a la libre autodeterminación, autonomía y libre desarrollo con base en los usos y costumbres de esta comunidad.
Convocaron al alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez a realizar la consulta a la comunidad bajo la organización y lineamientos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), de acuerdo con la resolución por la que la Justifica de la Unión ampara y protege a la comunidad Otomí.
Indicaron que desde el inicio de la actual administración municipal solicitaron una audiencia con el alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez para recordarle el tema de la administración del pozo, el cual prometió devolver a la comunidad durante su campaña el año pasado.
Señaló que de no llegar a una solución, el juez federal va a ordenar que se ejecute su resolución e incluso podría ordenar medidas de apremio y hasta aplicar multas a las autoridades que se muestren omisos al acatamiento de sus determinaciones.
Recordaron que desde hace más de 40 años, la comunidad otomí de San Andrés Cuexcontitlán, realizó el tendido de sus redes de distribución de agua potable para poder contar con este vital líquido en sus domicilios y desde entonces han administrado los dos pozos que los abastecían, pero ante la necesidad de ampliar la infraestructura la comunidad adquirió un terreno en Santa Rosa para abrir otro pozo, el cual se quiere adjudicar la administración municipal.
Además, revelaron que el actualmente los vecinos pagan una cuota de 50 pesos mensuales por el servicio, recurso que sirve para los gastos de operación y mantenimiento, por lo que rechazan que en el pozo Santa Rosa el ayuntamiento les quiera cobrar mil 600 pesos bimestrales sin tomar en cuenta que se trata de una población rural de escasos recursos económicos.
