Toluca, México.- Requiere una reforma estructural profundala idea de manejar los recursos federales a través de coordinadores estatales del gobierno federal, pues actualmente el marco jurídico mexicano, desde la Constitución, contempla que los recursos presupuestados para cada entidad federativa se canalicen a través del gobierno estatal y de los gobiernos municipales, consideró Leticia Cisneros Basurto, expresidenta del Colegio de Abogados del Estado de México.
En primer lugar, comentó, esta reforma tendría que contemplar hacer legal la figura de estos coordinadores estatales y darle esas atribuciones y quitárselas a quienes actualmente las tienen, es decir, a los gobernadores y a los presidentes municipales.
“Habría que ver cuáles son las estrategias de organización que van a proponer, porque en realidad suena muy complejo o más bien, como mecanismos de control político, económico y social a través de los recursos, pero es un tema muy complejo que puede llevar algún tiempo en concretarse, a menor que ya tengan un estudio bien estructurado y bien calculado, así como las iniciativas de reforma ya preparadas para que las aprueba el próximo Congreso en su primer periodo”, apuntó.
La también catedrática de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), recordó que, por otra parte, se han manejado la propuesta de trasladar a las entidades federativas la sede de las secretarías del gobierno federal, lo que empieza a generar un sentimiento de angustia en los servidores públicos, porque no se ha revelado no cuándo ni cómo.
Explicó que muchos servidores públicos no están dispuestos a cambiar su lugar de residencia, en particular quienes tienen hijos estudiando en las universidades de la Ciudad de México y aquellos cuyas esposas trabajan en una dependencia distinta, pues ello significa romper a las familias.
Sobre este tema, señaló, ni siquiera los dirigentes sindicales están enterados de cuál va a ser el proceso.
y eso agrava el sentimiento de amenaza que tienen muchos de los empleados gubernamentales y no sólo los que se desempeñan en las oficinas de la Ciudad de México, sino los que están adscritos a las delegaciones federales, pues ante el anuncio de desaparición de esa figura temen recortes de personal.
Leticia Cisneros resaltó que se ha manejado la posibilidad, por parte del equipo de López Obrador, de llevar estas propuestas a una especie de consulta pública, lo cual daría un respiro a muchos mexicanos, pues eso implica tiempo para poder tomar una decisión basada en el consenso, pero también requiere de recursos y de que se cumplan la ley, pues el único facultado para realizar este tipo de ejercicios es el Instituto Nacional Electoral y debe hacerlo durante una elección federal, es decir, dentro de tres años.
