El grupo parlamentario del PRI propuso una iniciativa para que en caso de detectar que una persona servidora pública presentó documentos o referencias falsas para acceder al empleo, se pueda rescindir la relación sin responsabilidad para el Estado o Municipio en cualquier momento.
La otra propuesta busca que sea la autoridad administrativa, y no el Instituto de Transparencia el que investigue incumplimientos en materia de transparencia y, en caso de proceder, sancione al servidor público, a fin de otorgar garantías a las personas sujetas de proceso y mayor certeza.
Durante la sesión del jueves, el legislador Iván de Jesús Esquer Cruz planteó una reforma a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, la cual señala como causa de rescisión, sin responsabilidad para las instituciones públicas, engañar con documentos o referencias falsas que le atribuyan capacidad, aptitudes o grados académicos de los que carezca.
No obstante, esa norma actualmente señala que la causa dejará de tener efecto después de treinta días naturales de conocido el hecho. Por ello, el legislador del PRI planteó la necesidad de dejar sin efectos el término prescriptivo para la figura patronal.
En tanto el legislador Braulio Álvarez Jasso explicó que actualmente la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios obliga a que, cuando el Instituto de Transparencia identifique un incumplimiento a la ley por parte de un servidor público, remita a la autoridad administrativa competente la evidencia con que cuente, para que realice la investigación y, determine la responsabilidad de la persona servidora pública.
Posterior a eso, la autoridad administrativa debería informar al Instituto para que sancione a la persona responsable.
La reforma busca que sea la autoridad administrativa quien investigue, y en caso de proceder, sancione al servidor público y posteriormente remita un informe al Instituto de Transparencia.
