Diana lleva meses sin poder ver a su hija de manera regular porque el padre de la niña ha incumplido con el régimen de convivencias, establecido por un juez familiar de Ixtlahuaca, y aún cuando ha sido multado por no entregarla a la mamá para que convivan, sigue desobedeciendo a las autoridades, en lo que la familia materna considera una burla, pero también un caso de violencia vicaria.
En 2014 ella inició una relación de la cual nació su hija. La pareja se separó en el 2020 y para mayo del 2021, después de un acuerdo entre ambos, el papá demandó para quedarse con ella y no ha permitido que la menor conviva con su mamá habitualmente, pese a que el juzgado lo ha multado.
Hugo, papá de Diana, refirió a El Sol de Toluca que ese año el papá solicitó una valoración psicológica por una posible agresión sexual a la menor, que el reporte psicológico rechazó. Se estableció un régimen de convivencia donde la mamá podía ver a la menor cada 15 días, pero solo funcionó bien de agosto del 2021 a marzo del 2022, pues en el mes de abril del año pasado se impidió la convivencia sin ninguna explicación.
La menor nuevamente fue sometida a revisiones médicas ese mes y una psicóloga afirmó que presentaba el Síndrome de Niño Abusado, en un informe que de acuerdo con Hugo, estuvo lleno de inconsistencias y mentiras; con el cual la demandó por violencia familiar, y ella a su vez lo demandó a él por modificación de convenio.
Tras la acusación, dijo, el juez emitió una restricción a Diana que le impedía a ella y a su familia acercarse a la menor y en agosto del año anterior nombraron una perita oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y tras la valoración, se emitió un informe donde la especialista determinó que no había violencia de ningún tipo por parte de la mamá y su familia, pero sí existía violencia psicológica del papá y su familia.
Además, explicó, la revisión mostró que había molestia de la niña a seguir siendo sometida a presiones por parte de su padre y su abuela paterna, para realizarse exámenes y valoraciones psicológicas y la persona mejor calificada para el cuidado y educación formativa era la madre.
Tras concluir la comparecencia, el juez conminó a conciliar, pero aún cuando las partes señalaron que estaban de acuerdo y el juez ordenó reanudar las convivencias y dejó sin efecto las restricciones a la madre, el señor Hugo sostuvo que ha habido prácticas dilatorias, tanto de la ex pareja de su hija, como omisiones y fallas del personal notificador del juzgado e información confusa, pues, en una ocasión cuando la reunión era en Toluca, una notificación al padre no se realizó en tiempo y forma por lo que no se presentó a la audiencia.
Además, el papá no permitió una convivencia en el periodo vacacional de fin de año pasado, lo cual fue registrado por la notificadora, y en enero del 2023 le permitieron verla por tres días; el 11 de enero la abogada solicitó aplicar un arresto como medida de premio, pero fue rechazado.
El día 27 del mismo mes no entregó a la menor, lo cual también fue registrado por la notificadora; el 24 de febrero hizo lo mismo y el primero de marzo se le impuso una multa de 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA) que no ha pagado, y el 14 de marzo se le volvió a notificar, pero hizo caso omiso.
Hugo refirió que ni la primera, ni la segunda semana de Semana Santa cumplió con entregar a la niña, el 14 de abril en un documento el juzgado se contradijo al señalar que no había podido aplicar la multa, cuando en marzo se había asegurado que la persona fue notificada, y el 26 de abril el papá no llegó a la audiencia a la cual se citó con tiempo de anticipación, con el argumentó que la niña había tenido una actividad escolar.
Para el 28 de abril, con la presencia de la notificadora, nuevamente no entregó a la niña, y el 10 de mayo sólo la vio por unos minutos, pues de acuerdo con el padre la menor estaba enferma de la garganta.
El 12 de mayo el papá nuevamente no entregó a la menor, indicó Hugo.
El abuelo de la niña señaló que quien más sufre la violencia es la niña en un proceso judicial complicado y doloroso con denuncias falsas donde se acaba de cambiar al juez.
Todo eso, explicó, es violencia vicaria, pues se ha utilizado a la niña para causar daño a la madre y esa conducta ya está establecida en la ley.
Advirtió la necesidad de que las autoridades hagan valer la norma y garanticen que la niña pueda convivir con la madre, como está establecido y se revise el peritaje, donde claramente se menciona que nunca hubo un abuso hacia la niña.
