/ viernes 5 de noviembre de 2021

Despenalizar el aborto no implica fomentar su práctica

Las cifras indican que criminalizar este acto no evita su práctica, aseguró la ministra de la SCJN Yasmín Esquivel

Despenalizar el aborto no implica fomentar su práctica sino por el contrario ayuda a disminuir su incidencia, señaló la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Yasmín Esquivel Mossa durante la Conferencia Magistral “Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Interrupción Legal del Embarazo” dictada en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem).

Durante el evento que además sirvió de marco para la firma de tres convenios de colaboración entre la Codhem y diferentes asociaciones de magistrados y magistradas, la doctora en derecho explicó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) definió a la violencia contra la mujer como todo acto que puede tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, o psicológico para la misma, así como amenazas de tales actos.

Ante este contexto, dijo, se deben analizar hechos y realizar cuestionamientos sobre qué tan efectiva ha sido la criminizalización del aborto para evitar su práctica.

Según una publicación hecha por la Organización Mundial de la Salud (OMS), informó, que en el año 2020 en el tema de prevención del aborto peligroso, entre el año 2015 y 2019 en el mundo se realizaron un promedio de 73 millones de abortos inducidos, en condiciones de seguridad o sin ellas, de estos un tercio en condiciones riesgosas.

En América Latina y Africa, detalló, esa cifra se agrava, pues tres de cada cuatro abortos se practican sin condiciones de seguridad, lo que cobra relevancia una declaración hecha por una organización mundial que reza “el aborto en condiciones peligrosas pone en riesgo la vida de un gran número de mujeres y representa un grave problema de salud pública puesto que son las mujeres más pobres y jóvenes las que corren mas riesgos”.

En el ámbito nacional, mencionó la Ministra, que según cálculos, en México se practican entre 750 mil y un millón de abortos clandestinos anualmente, sin embargo, vale la pena preguntarse en qué condiciones se realizan los abortos en un país donde se criminizaliza este acto en la mayoría de las entidades federativas que lo conforman.

“El aborto es un grave problema en dos dimensiones primero en materia de salud pública ya que incontables mujeres mueren de forma prematura por la práctica clandestina o llega inclusive a provocar lesiones y daños irreversibles, así como de justicia social porque sus efectos indeseables flagela a quienes se encuentran en pobreza”, recalcó.

Las cifras, afirmó, no mienten y muestran que criminalizar el aborto no evita su practica pero si asegura que morirán más mujeres en la búsqueda de cualquier via para ejercer sus derechos humanos y llevar a cabo su tan anhelado plan de vida.

“Quién va impedir interrumpir su embarazo a una mujer desesperada por continuar su plan de vida, la realidad nos da la respuesta: ni el peligro a la clandestinidad ni las amenazas religiosas, tampoco el miedo a perder la vida y mucho menos a cometer un delito”, resaltó.

De acuerdo a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, mencionó, en el año 2009 ya permitiendo la interrupción del embarazo, se reportaron 16 mil 400 interrupciones legales y se alcanzó la cifra más alta en el año 2013 con 20 mil 763 procedimientos, mientras que en el año 2019 previo a la pandemia la estadística reportó una disminución de 15 mil 163, lo cual demuestra una tendencia de disminución.

“Despenalizar el aborto no implica fomentar su practica sino por el contrario ayuda a disminuir la incidencia, estoy segura que ninguna mujer desea y quiere abortar son diversas las circunstancias que orilla a tomar esa desición, de tal suerte que el problema del aborto no se soluciona criminalizando a la mujer”, finalizó la Ministra de la SCJN.

Por su parte, la presidenta de la Codhem, Myrna Araceli García Morón, agradeció la visita de la Ministra de la SCJN sobre todo para hablar de un tema que si bien puede ser contradictorio, en su esencia implica una adaptación de la sociedad a las nuevas condiciones de la convivencia.

“Actualizar la normatividad jurídica es y será una necesidad que involucre a los tres niveles de gobierno, donde es indispensable escuchar a todos y verificar consensos que generen paz e igualdad”, expresó en su discurso.

Ante este problema del aborto, finalizó, ampliar las bases legales da como resultado que muchas mujeres no pongan en riesgo su salud y su vida al incurrir en un procedimiento inseguro, por ende, es necesario pugnar por los derechos de las mujeres a decidir por su sexualidad y capacidad reproductiva.

Cabe señalar que en esta evento acudieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar, así como Maurilio Hernández González, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura Local y Rodrigo Espeleta Alandro, Secretario de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México en representación del gobernador estatal, Alfredo del Mazo Maza.

Despenalizar el aborto no implica fomentar su práctica sino por el contrario ayuda a disminuir su incidencia, señaló la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Yasmín Esquivel Mossa durante la Conferencia Magistral “Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Interrupción Legal del Embarazo” dictada en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem).

Durante el evento que además sirvió de marco para la firma de tres convenios de colaboración entre la Codhem y diferentes asociaciones de magistrados y magistradas, la doctora en derecho explicó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) definió a la violencia contra la mujer como todo acto que puede tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, o psicológico para la misma, así como amenazas de tales actos.

Ante este contexto, dijo, se deben analizar hechos y realizar cuestionamientos sobre qué tan efectiva ha sido la criminizalización del aborto para evitar su práctica.

Según una publicación hecha por la Organización Mundial de la Salud (OMS), informó, que en el año 2020 en el tema de prevención del aborto peligroso, entre el año 2015 y 2019 en el mundo se realizaron un promedio de 73 millones de abortos inducidos, en condiciones de seguridad o sin ellas, de estos un tercio en condiciones riesgosas.

En América Latina y Africa, detalló, esa cifra se agrava, pues tres de cada cuatro abortos se practican sin condiciones de seguridad, lo que cobra relevancia una declaración hecha por una organización mundial que reza “el aborto en condiciones peligrosas pone en riesgo la vida de un gran número de mujeres y representa un grave problema de salud pública puesto que son las mujeres más pobres y jóvenes las que corren mas riesgos”.

En el ámbito nacional, mencionó la Ministra, que según cálculos, en México se practican entre 750 mil y un millón de abortos clandestinos anualmente, sin embargo, vale la pena preguntarse en qué condiciones se realizan los abortos en un país donde se criminizaliza este acto en la mayoría de las entidades federativas que lo conforman.

“El aborto es un grave problema en dos dimensiones primero en materia de salud pública ya que incontables mujeres mueren de forma prematura por la práctica clandestina o llega inclusive a provocar lesiones y daños irreversibles, así como de justicia social porque sus efectos indeseables flagela a quienes se encuentran en pobreza”, recalcó.

Las cifras, afirmó, no mienten y muestran que criminalizar el aborto no evita su practica pero si asegura que morirán más mujeres en la búsqueda de cualquier via para ejercer sus derechos humanos y llevar a cabo su tan anhelado plan de vida.

“Quién va impedir interrumpir su embarazo a una mujer desesperada por continuar su plan de vida, la realidad nos da la respuesta: ni el peligro a la clandestinidad ni las amenazas religiosas, tampoco el miedo a perder la vida y mucho menos a cometer un delito”, resaltó.

De acuerdo a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, mencionó, en el año 2009 ya permitiendo la interrupción del embarazo, se reportaron 16 mil 400 interrupciones legales y se alcanzó la cifra más alta en el año 2013 con 20 mil 763 procedimientos, mientras que en el año 2019 previo a la pandemia la estadística reportó una disminución de 15 mil 163, lo cual demuestra una tendencia de disminución.

“Despenalizar el aborto no implica fomentar su practica sino por el contrario ayuda a disminuir la incidencia, estoy segura que ninguna mujer desea y quiere abortar son diversas las circunstancias que orilla a tomar esa desición, de tal suerte que el problema del aborto no se soluciona criminalizando a la mujer”, finalizó la Ministra de la SCJN.

Por su parte, la presidenta de la Codhem, Myrna Araceli García Morón, agradeció la visita de la Ministra de la SCJN sobre todo para hablar de un tema que si bien puede ser contradictorio, en su esencia implica una adaptación de la sociedad a las nuevas condiciones de la convivencia.

“Actualizar la normatividad jurídica es y será una necesidad que involucre a los tres niveles de gobierno, donde es indispensable escuchar a todos y verificar consensos que generen paz e igualdad”, expresó en su discurso.

Ante este problema del aborto, finalizó, ampliar las bases legales da como resultado que muchas mujeres no pongan en riesgo su salud y su vida al incurrir en un procedimiento inseguro, por ende, es necesario pugnar por los derechos de las mujeres a decidir por su sexualidad y capacidad reproductiva.

Cabe señalar que en esta evento acudieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar, así como Maurilio Hernández González, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura Local y Rodrigo Espeleta Alandro, Secretario de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México en representación del gobernador estatal, Alfredo del Mazo Maza.

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