El Poder Judicial del Estado de México detectó una serie de presuntas extorsiones cometidas al sur de la entidad en agravio, principalmente, del sector de la construcción, a través de las cuales, grupos de personas se identifican como representantes de grupos sindicales y piden dinero a empresarios a cambio de no detonar una huelga en su empresa.
Lo anterior fue informado por el presidente del Poder Judicial mexiquense, Ricardo Sodi Cuellar, quien mencionó que estos grupos se hacen pasar por sindicatos registrados para así lograr su cometido.
Al referir que este "modus operandi" fue identificado entre agosto y septiembre de 2023, Sodi Cuellar destacó que estos hechos, ocurridos al sur de la entidad, identificados específicamente en Valle de Bravo, fueron de conocimiento de la autoridad tras denuncias realizadas en redes sociales y medios de comunicación.
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De acuerdo con lo informado, este ilícito surgió luego de que muchas empresas no legitiman oportunamente sus contratos colectivos de trabajo, situación que los volvió presa de los presuntos delincuentes.
Ricardo Sodi refirió que los responsables amagan a los empresarios mediante una amenaza de huelga o plantón, e incluso hacen uso de insignias como la bandera roja con negro, para intimidar a los empresarios, además de cerrar los accesos de entrada y salida de los inmuebles, interrumpiendo así las actividades de los centros laborales.
Las cuotas económicas solicitadas, principalmente al gremio de la construcción, son variables y hay casos en los que superan los 200 mil pesos.
“Obviamente no son montos pequeños, van de 10 mil, 20 mil, 50 mil pesos, en los casos que detectamos, de donde sacamos la información y que no se judicializaron, por cierto, estaban pidiendo montos de 200 o 250 mil pesos por retirar las banderas de huelga e irse”, mencionó Ricardo Sodi, quien destacó que las penalidades que los ejecutores de este ilícito (extorsión) podrían alcanzar hasta 40 años de prisión, dependiendo la modalidad del delito (con violencia, sin violencia).
Pese a no precisar el número de casos identificados y denuncias procesadas, el presidente del Poder Judicial mexiquense destacó que suman tres casos los judicializados por este tipo de delito.
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En este contexto, Ricardo Sodi informó que a la fecha no hay solicitudes de orientación o información sobre el tema por parte de los empresarios, sin embargo, destacó que la institución que dirige ya inició los trabajos de difusión en coordinación con las Secretarías de Seguridad, del Trabajo y de Desarrollo Económico estatales, además de alertar a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Precisó que, al momento de suscitarse los hechos, los empleadores pueden solicitar al Tribunal laboral o federal la certificación de la existencia de algún emplazamiento de huelga y de su estado procesal, y en caso de no haber algún expediente, se acredita que el paro de labores o toma de instalaciones no está justificado, por lo que los falsos huelguistas o simuladores de paro podrían ser detenidos en flagrancia.
