Durante el 2020 la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra habría incurrido en algunas irregularidades en diversas obras y habría sido ineficiente en varios rubros, entre ellos: en la supervisión de obras y en dar atención adecuada a las solicitudes y sugerencias de la población.
De acuerdo con las auditorías a esa dependencia, por parte del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), ese año hubo obras no ejecutadas, costos de superiores a los del mercado, incumplimiento en los plazos de ejecución y en el objeto del contrato, falta de comprobación y de justificación del gasto.
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), en el Informe de fiscalización de la Cuenta Pública 2020 encontró que la dependencia no hizo caso a una denuncia y solicitud de investigación por un presunto acto de corrupción en Valle de Bravo.
Hizo recomendaciones para que esa institución sea más eficiente, más transparente, atienda peticiones ciudadanas, cuente con criterios para revisar las obras, entre otras.
Algunas de las observaciones fueron a obras como el parque lineal de Atizapán de Zaragoza el parque de la ciencia en Toluca y en las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro en Toluca
Revisión financiera
En las auditorías financieras el Órgano Superior generó cuatro pliegos de observaciones, principalmente por falta de justificación del gasto y falta de comprobación del gasto, sin embargo no publicó el monto de observaciones.
Aún así, exhibió que la partida fiscalizada con mayor impacto que representó el 74.3% del total observado fue el rubro de sentencias y resoluciones judiciales y se detectó una omisión en la autorización de la legislatura mexiquense para realizar traspasos.
En la auditoría de obra a esa dependencia el órgano determinó 24 resultados principalmente por obras no ejecutadas, costos de obra superiores a las del mercado, incumplimiento en los plazos de ejecución, obras que incumplieron el objeto del contrato, falta de comprobación y justificación del gasto, contratación improcedente y la ejecución y pago de trabajos no autorizados.
Las obras con mayor impacto fueron: la construcción del parque lineal Ignacio Zaragoza en el municipio de Atizapán de Zaragoza, donde el órgano observó cantidades de obra no ejecutadas, costo de obra superior al mercado, ejecución y pago de trabajos no ejecutados
En el recién inaugurado Parque de la Ciencia del Estado de México, ubicado en Toluca, el órgano determinó un incumplimiento del plazo de ejecución contractual y cantidades de obra no ejecutadas, mientras en la construcción del inmueble para las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro en Toluca observó cantidades de obra no ejecutadas y obras que incumplieron el objeto del contrato.
El órgano superior dio cuenta en el informe de resultados de la Cuenta Pública que da seguimiento a 28 acciones, cuatro pliegos de observaciones, derivados de la auditoría financiera y 24 de la de obra, y apuntó que la secretaría ha presentado información técnica y financiera para la atención de acciones promovidas, la cual, se encuentra en proceso de análisis.
Desempeño
En materia de desempeño el órgano superior hizo recomendaciones en materia de control interno, monitoreo y supervisión, transparencia, rendición de cuentas, diseño programático y actualización de la normatividad.
Las áreas auditadas fueron: la Coordinación Jurídica de Igualdad de Género, la Dirección de Asuntos Contenciosos, la Coordinación Administrativa, la Secretaría Técnica, la Dirección de Información, Planeación, Programación y Evaluación, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano, la Dirección General de Proyectos, Concursos y Contratos, la Subsecretaría de Desarrollo Metropolitano y la Dirección General de Proyectos y Coordinación Metropolitana.
Entre otras cosas, el órgano advirtió que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra no presentó los documentos administrativos actualizados y rebasó el plazo para hacerlo, mientras en materia de atención a solicitudes y sugerencias de la población tres no fueron atendidas.
Denuncia ciudadana
Resaltó que se presentó una solicitud donde el Comité de Agua del Arco del municipio de Valle de Bravo informó de supuestas anomalías y desvíos de recursos cometidos por la Comisión de Agua del Estado de México.
Los quejosos solicitaban a la dependencia enviar a una persona para explicarle y entregar una carpeta de los acuerdos y cantidades que se autorizaron y mostrar que no se concluyó el proyecto, argumentando un conflicto social.
Las personas afirmaban que había más de 14 millones de pesos presuntamente "perdidos" y un posible desvío de material, mano de obra y maquinaria; sin embargo, según el OSFEM, a 18 días de la solicitud la secretaría emitió un oficio donde respondió que la obra no había concluido por la problemática social con comunidades, pedía ayudarlos a resolver la situación y concluir la obra en beneficio de sus habitantes
Por ello, el órgano consideró que la entidad fiscalizada no dio atención adecuada a las solicitudes y sugerencias de la población, pues no atendió la petición donde solicitaban una audiencia y consideró que no fue congruente, ni eficiente en la atención de solicitudes y sugerencias y le recomendó implementar mecanismos de control y seguimiento para evidenciar que la respuesta a solicitudes de sugerencias de la población en obra pública sean congruentes con lo solicitado por el peticionario, a fin de lograr la participación ciudadana. También evidenció que no hubo un reporte de atención a las solicitudes y sugerencias.
Procesos jurídicos
Otra observación del órgano superior fue en la actividad de representar jurídicamente a la secretaría en procesos jurisdiccionales, pues reportó una meta del 110.7%, pero al revisar la evidencia el cumplimiento real fue de apenas un 31%, pues solo 153 documentos cumplieron con las características para ser un acuerdo.
En ese punto el OSFEM observó que el comportamiento de la meta se caracteriza por ser creciente, pues la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra ha tenido que hacer frente a un mayor número de procesos jurisdiccionales y se han venido acumulando procesos de años anteriores y la entidad ha destinado mayor presupuesto para atender los procesos, aun cuando el objetivo es tener cada vez menos, por lo cual consideró que no hubo congruencia en la programación y desarrollo de esa actividad.
La Secretaría también fue calificada de ineficiente en el reporte de información del avance físico y financiero de obras y acciones correspondiente al programa de inversión, pues el reporte generado no contuvo datos para conocer el avance de obras programadas y dar un adecuado seguimiento a las mismas.
Supervisiones
En la supervisión para verificar el estado que guardan las obras que realiza ese sector la secretaría refirió que las visitas fueron para constatar que la obra está en proceso, pero no se levantaron datos, ni reporte fotográfico, ni se presentó documentación para acreditar esa actividad; por lo cual el órgano superior señaló que hubo un ineficiente desempeño al carecer de evidencias suficientes para acreditar el cumplimiento.
Además, advirtió que mientras algunas obras tuvieron entre 10 y 25 supervisiones al año, otras apenas registraron una o dos, pues esa dependencia no tuvo criterios técnicos para determinar y justificar las obras que serán sujetas a supervisión, ni el número de revisiones que se harán.
De hecho, en el 2020 tuvo una cobertura del 32.7% y dejó sin supervisar a 39 obras, por lo cual denota la falta de un eficiente proceso de planeación programación y presupuestación de esa actividad.
En la validación de proyectos de infraestructura eléctrica el órgano advirtió que el cumplimiento real de la meta fue del 60%, por lo cual no hubo congruencia en la programación y desarrollo de esa actividad y la entidad fue ineficiente en la ejecución de la actividad.
El programa de obra Electrificación 2020 contempló la ejecución de 139 obras de infraestructura eléctrica y la atención en 32 de los 125 municipios, pero solo dos de 139 proyectos de obras fueron validados y los tres proyectos de obra en materia eléctrica se desarrollaron en cuatro municipios: Chalco, Ecatepec, Nicolás Romero y Tlalmanalco.
Además, detectó opacidad en la rendición de cuentas de los proyectos validados, identificó contrastes en el número de población beneficiada y la proyección del impacto de la obra, entre otras.
