Por unanimidad de votos en comisión legislativa, los diputados locales aprobaron tanto en lo general como en lo particular el proyecto de decreto para sancionar a quienes se nieguen a otorgar información al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).
De igual manera, se hará lo propio con los actos de simulación que se presenten para entorpecer u obstaculizar la actividad fiscalizadora.
Durante la reunión de trabajo de la Comisión de Vigilancia del OSFEM, los diputados locales expusieron lo importante de esa propuesta, impulsada por el legislador de Morena, Gerardo Ulloa.
Los legisladores de la mayoría de las fracciones parlamentarias expresaron lo importante de ese proyecto porque se abona al fortalecimiento de las atribuciones del OSFEM.
Además de fomentar la transparencia y la rendición de cuentas de las entidades fiscalizables.
En ese sentido, el documento prevé modificar y adicionar algunos artículos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México.
En tanto que las sanciones se aplicarán según lo marca la Ley General de Responsabilidades Administrativa y la Ley en la materia en la entidad y municipios.
En ese contexto, las instancias requeridas por el OSFEM deberán entregar oportunamente la documentación o información.
La diputada panista, Karla Fiesco García, consideró que se debe garantizar el cumplimiento de todas las entidades fiscalizables sin excusas, omisiones o desconocimiento.
Expuso que de acuerdo a la encuesta de calidad e impacto gubernamental 2019, del INEGI, la tasa de incidencia de corrupción por cada 100 mil habitantes en la entidad del año 2017 al 2019 tuvo un aumento del 60%.
Por su parte, el diputado Valentín González opinó que la información entregada al OSFEM debe ser objetiva, responsable, verídica ya que no se puede permitir que haya una “laguna” en la ley, las entidades fiscalizables lo eludan.
“La propuesta tiene la intención de fortalecer las atribuciones del OSFEM, en las entidades fiscalizables, por ello en el grupo parlamentario del PRI aprobamos la propuesta”, comentó Lilia Urbina Salazar, diputada local.
Por su parte, la diputada del PRD, Araceli Casasola, expresó que las dependencias que ejercen recursos públicos están obligadas a la rendición de cuentas en cada ente fiscalizable.
“Es claro que a nadie nos gusta que nos revisen, y que nos digan nuestras omisiones o las faltas en que incurrimos, sin embargo, es obligatorio y necesario”.
En su intervención, el diputado Juan Carlos Soto apuntó que la reforma aprobada dará certeza a los procesos que tiene como objetivo la transparencia y rendición de cuenta.
