Tras el nombramiento del nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), José Luis Cervantes, por nueve años, el sector empresarial consideró que son muchos los retos que deberá asumir, entre ellos: la impunidad por la cifra negra de delitos que no se denuncian, la cual actualmente asciende a ocho de cada 10.
Tanto Gilberto Sauza Martínez, como Laura González Hernández, presidentes de los Consejos de Cámaras y Asociaciones Empresariales (Concaem) y del CCEM, respectivamente, respaldaron la designación de José Luis Cervantes Martínez, al frente de la FGJEM.
Por su parte, el presidente del Concaem refrendó su compromiso de trabajar de la mano de las autoridades con el propósito de que en un ejercicio conjunto de corresponsabilidad se pueda avanzar en la resolución del preocupante problema de inseguridad que enfrenta la entidad.
“El reto que tiene el nuevo fiscal de justicia estatal está basado en la necesidad de ampliar las capacidades de personal y presupuestarias con las que actualmente cuenta la dependencia, pero también reducir la impunidad, porque hasta ocho de cada 10 delitos que se cometen no son denunciados ante la autoridad y en muchos casos se inician los procesos, pero no se concluyen”, lamentó.
Aseguro que desde el sector empresarial se ha venido trabajando para hacer conciencia entre los colaboradores sobre la importancia de seguir los procesos, en aras de evitar que otras personas puedan ser víctimas del mismo delito o delincuente, y particularmente para proteger a las mujeres.
“Nuestra intención es abonar a la prevención, por lo que continuaremos con las acciones para detectar puntos que pueden ser vulnerables en las empresas y sus alrededores, para crear una cultura de denuncia, así como en establecer paradigmas de colaboración con la autoridad”, apuntó.
Precisó que seguirán trabajando con la autoridad para presentar denuncias y establecer modelos que faciliten el levantamiento de las declaraciones de las víctimas, en un entorno de confianza y apoyo.
“Estamos hablando de que los ministerios públicos deberán contar con herramientas que faciliten su labor, que la hagan más rápida, sistematizada y transparente, pero además de una mayor conciencia de parte de la ciudadanía para presentar las denuncias y llevarlas hasta el final del proceso”, aseveró.
Mientras que Laura González recordó que existe un rezago en combate a la impunidad, pues ante una fiscalía limitada; el personal está saturado, además de que las áreas de investigación están rebasadas, por lo tanto, no avanzan y los detenidos son liberados sin que se pueda aplicar la justicia.
Refirió que la organización México Evalúa, posicionó a la entidad entre los de mayor tasa de impunidad en indicadores 2020 y por arriba de la media nacional con un índice de impunidad del 96.9% y como una de las entidades de muy bajo porcentaje en vinculación a proceso de las carpetas de investigación.
Por lo anterior, consideró que necesariamente tendrá que haber una coordinación efectiva entre las áreas de prevención y seguridad de todos los niveles: municipal, estatal y federal con la fiscalía y el poder judicial para generar una estrategia focalizada en prevenir, reaccionar, lograr una administración de justicia oportuna y por lo tanto regresar la tranquilidad a los mexiquenses.
“El costo de no atender oportunamente los delitos, es que la delincuencia siga creciendo y ganando espacios por la alta impunidad”, advirtió.
Por último, hizo un llamado a la Legislatura local para fortalecer a la FGJEM y dotarla de lo necesario para su operación, pues el estado ha crecido y los delitos también.
