A casi un año del inicio del programa de “peatonalización” del centro histórico de Toluca, empresarios de la zona reportaron más del 40% de pérdidas económicas en ventas y repunte al doble del comercio informal.
Por ende, Mauricio Massud Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), hizo un llamado urgente a las autoridades a que de manera inmediata y permanente se consolide un programa para el ordenamiento del comercio semifijo que llena las principales calles del primer cuadro de la ciudad cada fin de semana.
“El comercio informal ha representado un importante porcentaje de pérdidas por encima del 40% en las ventas del comercio establecido, así como diferentes problemas de inseguridad, basura, corrupción y venta de artículos pirata”, lamentó.
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Al respecto, el representante empresarial indicó que han presentado diversas propuestas para el programa de peatonalización que permitan el tránsito ordenado y la instalación de comercio tradicional en zonas que no afecten las actividades habituales de la ciudad, pero al momento no se ha tenido la apertura para su aplicación.
“Se trata de que las personas tengan opciones para conocer la ciudad y de que demos una imagen de una capital ordenada, limpia y segura para vivir e invertir, pero por el contrario este fin de semana el comercio informal se desbordó, se llenó de puestos, carpas y basura, lo que no sólo lamentamos, sino que se avizora que la temporada de cierre de año va a ser un gran mercado en el centro histórico y cultural de nuestro estado”, aseveró.
A unas semanas de que se cumpla un año de que esta decisión de la autoridad fue puesta en marcha, sostuvo que no se ha podido conseguir que se atienda de manera real el reclamo de la ciudadanía, condición que este fin de semana se salió de control con un incremento de más del 30% en presencia de comerciantes de bolsas, discos, chamarras, fayuca, sombreros, ropa y la presencia de vehículos estacionados en avenidas principales que usan sus cajuelas para “torear” a la autoridad que a todas luces conoce de la situación y lo permite.
Mientras que Verónica Valdés, presidenta del Patronato Pro Centro Histórico de la capital mexiquense, aseguró que hay desánimo entre los comerciantes y líderes empresariales que por 11 meses han participado de mesas de negociación con autoridades que van desde Protección Civil hasta Seguridad, sin que se haya conseguido una sola medida de contención, a lo que se suma el inicio del Festival Cultural del Alfeñique que ahora está rodeado por productos chinos, clones o piratas aunado al riesgo de uso de tanques de gas y preparación de alimentos en condiciones insalubres e incluso con menores de edad despachando.
“Es claro que se puede limpiar a la ciudad y dar un espacio digno, tan es así, que en las semanas anteriores se retiró a todo el comercio informal y se permitió la circulación peatonal y en vehículos pero este fin de semana simplemente la autoridad dejó de ver y permitió que proliferará el desorden, es un tema de voluntad y deseo de orden”, externó.
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Ante ello, el sector demandó que se retomen las propuestas específicas que han sido planteadas por ciudadanos y empresarios: El establecimiento de un programa cultural y artístico de un buen nivel que atraiga visitantes locales y foráneos, así como retomar el plan de cierre de calles sólo de manera parcial permitiendo un recorrido peatonal seguro por las tres plazas que conforman el primer cuadro de la ciudad y el planetario de la ciudad, condición que permite conocer y disfrutar un gran espacio superior a los 168 mil metros cuadrados.
De igual forma, se pronunció a favor de que se establezca un lugar para el comercio tradicional que no incluya los portales ni los accesos a comercio establecido, al igual que un operativo real de seguridad y establecer un programa coordinado que dé viabilidad a las actividades religiosas en la catedral mexiquense.
Por último, pidieron tomar en consideración que el último bimestre del año representa para el sector comercial hasta el 30% de los ingresos anuales que perciben y la posibilidad de mantener fuentes de empleo, pago de obligaciones fiscales y derechos ante las autoridades de los tres niveles de gobierno y en muchos de los casos la decisión de permanencia de operaciones de los negocios.
