Naucalpan, México.- Las nuevas administraciones municipales asumirán su trabajo con las manos atadas, reveló la diputada Karina Labastida, Sotelo, quien demandó se practiquen auditorías a los pasivos ante el aumento exponencial de las deudas.
De los 125 municipios, las deudas en 82 de ellos rebasan el 40 por ciento de sus ingresos ordinarios, situación que viola el artículo V de la Ley de Ingresos de los Municipios y los coloca en el sistema de alerta.
Explicó que en su segundo año, los 125 gobiernos municipales del Estado de México incrementaron su deuda pública en al menos 2 mil 905 millones 743 mil pesos, al pasar de 15 mil 713 millones 882 mil pesos al inicio del 2016 a 18 mil 619 millones 625 mil 600 pesos al cierre del 2017.
Dijo que los alcaldes salientes realizaron compromisos a corto plazo del orden de 12 mil 180 millones 807 mil 400 pesos con proveedores diversos, lo que impondrá dificultades para los próximos ayuntamientos, que asumirán el 1 de enero del 2019 “prácticamente con las manos atadas”.
Karina Labastida Sotelo, integrante de la Comisión del Órgano Superior de Fiscalización del Congreso Estatal (OSFEM), demandó auditorías a los pasivos municipales ya que se trata de un incremento exponencial en ese rubro.
Detalló que sumando las deudas de las administraciones centrales de los gobiernos municipales con las de los sistemas DIF y organismos de agua, a corto plazo deben pagarse 22 mil 393 millones 495 mil 400 pesos.
Refirió que hay casos graves, como el de Coacalco, con 92.2 por ciento de deuda contra sus ingresos; igual está Cuautitlán Izcalli, con 86.8 por ciento, Ixtapaluca, 155.7 por ciento; Teotihuacán con 103 por ciento; Chalco, con 66.8 por ciento; Tultitlán, con 56.1 por ciento; Atizapán de Zaragoza, con 56.9 por ciento; Cuautitlán, con 55.9 por ciento; Naucalpan, con 51.2 por ciento; Ecatepec, con 45.6 por ciento y Nezahualcóyotl, con 44.4 por ciento.
Además hay municipios semirurales con más de 172 por ciento, como Sultepec o Tenango del Aire, con 176 por ciento.
La deuda pública de largo plazo de los ayuntamientos debido a créditos bancarios, que suma 7 mil 603 millones 230 mil 500 pesos, es ya una pesada carga para la prestación eficiente de los servicios elementales pues se resta margen de maniobra al gasto. Los adeudos a corto plazo implican un manejo poco serio y poco responsable de las finanzas públicas, quizás hasta irregular
La vicecoordinadora de la fracción parlamentaria del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sostuvo que de acuerdo con el reporte de la Cuenta Pública del 2017 del OSFEM, hay un incumplimiento muy considerable de los ayuntamientos con proveedores y prestadores de servicios, pero también con obligaciones mínimas que permiten observar el buen o mal trabajo en materia de finanzas públicas.
Destacó que hay evidencias de un manejo irregular por parte de las tesorerías ya que entre los adeudos sobresalen las retenciones y contribuciones a pagar corto plazo, que suman 2 mil 559 millones 126 mil pesos.
“Se le estuvieron reteniendo a los trabajadores los impuestos correspondientes, pero ese dinero no se reportó a las autoridades hacendarías, que es una irregularidad sancionada por la ley”.
Karina Labastida dijo que con la deuda se ha estado castigando la realización de obra pública y ampliación de beneficiarios de programas sociales ya que durante el 2017, “se pagaron intereses, comisiones y otros gastos por 641 millones 299 mil 300 pesos, es decir, 208 millones 785 mil 900 más que en el 2016, cuando se destinaron a ese rubro 432 millones 513 mil 400 pesos”.
Por último dijo que tampoco se ven los beneficios, especialmente en materia de seguridad y de combate a la pobreza en los municipios.
